Consejo de la Prensa califica de “atentado a la ciudadanía” el proyecto que sanciona filtraciones

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) consideró como un “un atentado a la ciudadanía” el proyecto de ley del Ejecutivo que propone que se sancione a los jueces y fiscales que filtren información reservada en el marco de una investigación judicial, por considerar que vulnera la libertad de expresión.

En un comunicado, el CPP afirmó que se busca proteger a quienes actualmente son investigados por presuntos casos de corrupción por el Ministerio Público, como es el caso del presidente Pedro Castillo, quien es procesado por el supuesto delito de organización criminal.

“El Consejo de la Prensa Peruana ve como un atentado a la ciudadanía el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso que crea el delito de difusión de información fiscal reservada sobre casos penales. Bajo una ley de este tipo, se sancionarían jueces, fiscales y policías que filtren información a periodistas antes de que un proceso llegue a juicio oral”, se lee en el pronunciamiento.

“De convertirse en ley, esta iniciativa privaría a la ciudadanía de informarse sobre investigaciones de presuntos casos de corrupción, incluyendo aquellos que hoy se siguen contra el presidente Pedro Castillo, sus sobrinos, el exministro Juan Silva, exfuncionarios de su gobierno y otros gobiernos del pasado. Este proyecto de ley blinda a quienes hoy están involucrados en casos de corrupción, hechos que merecen ser de conocimiento de todos los peruanos. Implica, además, retomar una práctica fujimorista del Congreso disuelto, donde se promovió un proyecto de ley similar, y otro intento en el actual Congreso en marzo de este año”, agrega el escrito.

Finalmente, el comunicado pide al Congreso que “no se sume al juego” y rechace la propuesta del Gobierno por ser “oscurantista”.

Cabe indicar que el último viernes el Gobierno presentó ante el Congreso la iniciativa legal que plantea sancionar la difusión de información reservada en una investigación penal, según anunció el jefe de Gabinete, Aníbal Torres,

En conferencia de prensa, indicó que en la actualidad se “selecciona tal o cual información con el propósito de imputar la comisión de delitos”, razón por la cual se busca sancionar este delito, en algunos casos con hasta 4 años de prisión efectiva.

“Se ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. La investigación penal, en su etapa preliminar, inicial, es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa a juicio oral, allí es público, no hay ninguna reserva”, expresó.