Consejo de Estado: ¿cuáles son las medidas acordadas sobre seguridad y contra la criminalidad?

Medidas para reforzar la seguridad en el país y afianzar la labor de las fuerzas del orden, así como para establecer un control migratorio más férreo, acordó el Consejo de Estado en su sesión de hoy, informó la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien señaló que estas disposiciones “afianzarán la fortaleza del Estado”.

Entre las medidas dispuestas, se encuentra- dijo la mandataria- establecer el marco legal constitucional necesario para que a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se les procese únicamente en el fuero militar y policial cuando se trate de casos en los que hayan hecho uso de sus armas reglamentarios al cumplir con su labor.

En dicha sesión participaron el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana Cavides; el titular del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela; y el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana.

Asimismo, el jefe de Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén Ojeda; el Defensor del Pueblo, Josué Gutierrez Cóndor, el Contralor general de la república, César Aguilar Surichaqui; y el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Werner Salcedo Álvarez.

Los acuerdos adoptados:

I. seguridad ciudadana:

1. Formulación del marco legal constitucional que garantice a los miembros de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas hacer uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones, determinando que sea el fuero militar policial el único donde podrían ser juzgados cuando hagan uso de sus armas de reglamento y siempre con previo informe de la inspectoría como requisito de procedibilidad.
   
2. Articulación de todas las entidades en la formulación, estudio y aprobación de leyes referidas a la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

LEA TAMBIÉN: Boluarte critica a jueces y fiscales: “Pareciera que se ponen la camiseta de los delincuentes”

3. Aprobar el marco normativo para el uso de recursos directamente recaudados de los gobiernos regionales y locales para la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

4. Realizar acciones conjuntas en la prevención del delito, en el marco de la protección a los niños y adolescentes, estableciendo un régimen excepcional para el caso de los menores que sean autores de los crímenes.

5. Formular una ley para establecer la situación legal de los docentes militantes de Movadef, el cual ha sido declarado ilegal mediante sentencia del poder judicial, garantizando preliminarmente su alejamiento de los menores y adolescentes.

6. Aprobar leyes que permitan fortalecer a la policía nacional del Perú, a través de la compra voluntaria de los servicios del personal PNP de franco y vacaciones, así como, el fortalecimiento que permita a la PNP el pase a la situación de retiro por causal de renovación de cuadros excepcional y extraordinario para mejorar las capacidades operativas.

7. Autorizar al Ministerio del Interior la transferencia de recursos no certificados a gobiernos locales en estado de emergencia por seguridad ciudadana, para la compra inmediata de logística para la seguridad ciudadana en apoyo a la policía nacional del Perú, quien brindará las especificaciones técnicas de los bienes.

8. Establecer un régimen especial en la ley de contrataciones del estado a las compras para la lucha contra la inseguridad ciudadana, la seguridad nacional y el crimen organizado, con el control concurrente en los procesos de la Contraloría general de la República.

II. Justicia y lucha contra el crimen organizado:

1. Ratificar la decisión del estado que ha implementado 16 unidades de flagrancia y continuar con esta política de estado que ha logrado más de 7 mil condenas a la fecha.
   
2. Disponer recursos para la infraestructura penitenciaria, logrando la ampliación de penales existentes y la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios; y la reorganización del instituto nacional penitenciario.
   
3. Establecer un marco legal que eleve las sanciones penales para los corruptores de servidores públicos miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.
   

III. Aprobación de leyes, que tengan por objeto:

4.1 Establecer medidas de protección especiales a los denunciantes, víctimas y testigos de sicariato, extorsión y
banda criminal.

4.2 Facilitar a la unidad de inteligencia financiera a proceder al congelamiento de cuentas bancaras utilizadas
por extorsionadores.

4.3 Incrementar las penas a extranjeros expulsados que ingresan nuevamente irregularmente al país.

IIII. control migratorio:

1. Formular una política de migración interna a efectos de regular el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.
   
2. Establecer un marco legal que regule la prestación del servicio de transporte por personas extranjeras, estableciendo requisitos y sanciones.
   
3. Ampliar y fiscalizar los requisitos formales para el ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional.
   
4. Disponer que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) efectúe visitas y operativos inopinados a centros laborales para determinar la existencia de personas extranjeras que trabajan de manera irregular.
   
5. Reforzar el control migratorio en nuestras fronteras.
   
6. Revisar la política de movilidad humana en migraciones, refugio y peruanos en el exterior.

IV. crecimiento económico:

1. Ratificar que el modelo económico establecido en la constitución política del Perú, nos ha permitido un crecimiento económico que cerrará con un crecimiento del 3.2% este año, y que ha logrado el desarrollo de comercio exterior que nos ha permitido una balanza comercial con resultados positivos.
   
2. Reafirmar nuestro compromiso para empoderar al país como el hub portuario y aeroportuario sudamericano que permitirá un mayor desarrollo de nuestra economía y comercio exterior.
   
3. Comprometernos a establecer una mejor distribución y uso de los recursos para atender las necesidades institucionales que garantice la adecuada, oportuna y eficiente atención a todos los peruanos.
   
4. Rechazar las amenazas contra nuestro modelo económico y contra la industria extractiva al constituir un peligro contra nuestra seguridad nacional.

EL