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El Congreso aprobó la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por haber tenido vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones, inhabilitado por cinco años a la función pública.
Esta es la segunda vez que Vizcarra es inhabilitado de la función pública, dado que antes fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por 10 años, por el caso de la vacunación irregular con dosis de Sinopharm,
En este caso, el Congreso sumó 67 votos a favor, 5 en contra y 15 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al informe sustentado por la ponente del caso, la congresista Elizabeth Taipe (Perú Libre).
El exmandatario acudió al Palacio Legislativo junto a su abogado, Jonathan Correa Arias, para ejercer su derecho a la defensa. Allí reiteró su inocencia y manifestó que la denuncia avanzó cuando hizo pública su decisión de postular como congresista en los comicios del año pasado.
Acusación
El documento aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales concluye que Vizcarra Cornejo cometió infracción constitucional al artículo 126, en cuanto a la prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas.
En este caso, el exmandatario no renunció a sus acciones en la empresa CyM Vizcarra S. A. C cuando cumplía sus funciones de ministro de Transportes y Comunicaciones.
Asimismo, el documento señala que el expresidente habría favorecido los intereses económicos de la empresa Obrainsa con la adjudicación de obras públicas mientras desempeñaba el referido cargo.
El exmandatario ya había sido inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por 10 años, por el caso de la vacunación irregular con dosis de Sinopharm, caso conocido como el ‘Vacunagate’. Debido a ello, no pudo recibir su credencial de congresista electo por Somos Perú.
