Renovación Popular solicitó el miércoles al presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), la convocatoria a un pleno extraordinario para debatir la moción que plantea remover a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), así lo comunicó el vocero de la bancada, Jorge Montoya.
“El daño provocado por la JNJ a la seguridad jurídica del país y la administración de justicia es incalculable, por lo que amerita la urgente intervención del Congreso de la República a fin de tomar las medidas correctivas conforme al marco constitucional y legal pertinente”, se lee en un parte del documento.
Montoya calificó como “elemento perturbador” la “sorpresiva e impertinente” intervención de la presidenta Dina Boluarte, abogando por la permanencia de los miembros de la JNJ, quien el último 18 de diciembre, instó al Congreso a mantener el respeto por las instituciones ante la posible remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, relacionados con la suspensión de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación.
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“Otro elemento perturbador es la sorpresiva e impertinente intervención de la señora presidenta de la República, abogando por la permanencia de los miembros de la JNJ, en clara interferencia con las facultades constitucionales de este poder del Estado. Esta inusitada y lamentable situación revelaría el entramado de vínculos políticos e intereses particulares que existen detrás de la JNJ”, se mencionó en el oficio.
Montoya solicitó que se convoque a un pleno extraordinario para el debate y votación de la moción de orden del día 9525, para lo cual planteó llamar a la Junta de Portavoces, a fin de lograr el consenso y posibilitar su realización.
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¿De qué se acusa a la JNJ?
La moción en cuestión fue presentada el pasado 8 de diciembre por el congresista Alejandro Muñante, en la que se solicita que los siete magistrados de la JNJ fueran retirados de sus cargos de manera inmediata. La iniciativo legislativa alega una flagrante comisión de actos contrarios a la ley, específicamente la suspensión temporal de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en relación con las investigaciones del caso Valkiria V.
La acción surge como respuesta a lo que consideran una violación al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, donde se establece la necesidad de inhibición de los miembros investigados. Se argumenta que los miembros de la JNJ han violado disposiciones de la ley orgánica de su entidad, incurriendo en un conflicto de interés y afectando el debido proceso.
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