El vocero de la bancada Renovación Popular (RP), Alejandro Muñante, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo, quien afronta prisión preventiva en la Diroes, por el fallido Golpe de Estado de diciembre del año 2022.
La denuncia también incluye a los exministros Betssy Chávez (PCM), Willy Huerta (Interior), Gustavo Bobbio (Defensa) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo).
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A los cinco exfuncionarios se les atribuye la presunta infracción constitucional de 29 artículos de la Carta Magna, por lo que se recomienda que sean inhabilitados para ocupar cargos públicos por el plazo de 10 años.
A través de sus redes sociales, el congresista enfatizó que la prisión preventiva que actualmente cumple Castillo y Chávez, así como las demás investigaciones en curso, se deben solo al desafuero por el delito de rebelión (antejuicio), lo cual, según dijo, “no inhabilita a los golpistas izquierdistas a postular en las próximas elecciones, y menos aún si es que hasta la fecha no cuentan con sentencia firme, lo cual sería peligroso para la democracia”.
“Gregorio Santos o Genaro Ledesma son solo algunos casos de personas encarceladas postulando a un cargo de elección popular”, cuestionó.
Además, recordó que el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia 96/2024 ha confirmado que el mensaje a la Nación que brindó Castillo “fue un golpe de Estado y no una mera proclama”.
“El TC ha validado las medidas aprobadas por el Congreso indicando que las autoridades deben identificar a los responsables”, añadió.
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¿Y Aníbal Torres?
El expremier Aníbal Torres también viene siendo procesado por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022; sin embargo, no fue incluido en la denuncia constitucional.
Al respecto, Muñante explicó que su denuncia solo alcanza a los altos funcionarios que, en el momento de los hechos, ejercían sus cargos.
“Lamentablemente Aníbal Torres, en diciembre del 2023, ya no ejercía el cargo de ministro; no obstante, está siendo investigado por una fiscalía común”, acotó.
En lo que respecta a Chávez, Sánchez, Huerta y los oficiales PNP Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez, la Fiscalía solicitó que se les imponga 25 años de cárcel por el delito de rebelión.
Por ese mismo delito se solicitó 15 años de pena privativa de la libertad para Torres.
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