La congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) presentó un proyecto de ley que busca impedir la postulación a cargos de elección popular que tengan una sentencia condenatoria en primera instancia, con el propósito de garantizar la idoneidad en los procesos electorales.
“La existencia de sentencia condenatoria a pena privativa de la libertad efectiva o suspendida, emitida en primera instancia contra fundadores, directivos, representantes, personeros legales y técnicos, tesoreros, apoderados y miembros de los comités partidarios, en grado de autores o cómplices por la comisión de delitos dolosos y/o encontrarse impedidos o inhabilitados para el ejercicio de la función pública impide la inscripción de las organizaciones políticas”, reseña la iniciativa.
De esta manera, los partidos políticos al momento de solicitar su inscripción ante el órgano electoral, o los de inscripción vigente cuando realicen sus elecciones primarias, deberán presentar un “certificado negativo de antecedentes penales, policiales, judiciales y de no estar inhabilitado para el ejercicio de la función pública de los fundadores, directivos, representantes, personeros legales y técnicos, tesoreros, apoderados y miembros de los comités partidarios”.
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Asimismo, en el acta de fundación de las organizaciones políticas deben consignar que ninguno de sus dirigentes tiene alguna sentencia en primera instancia.
Y además en el estatuto establecer claramente los impedimentos “para acceder a los cargos de directivos, representantes, personeros legales y técnicos, tesoreros, apoderados y miembros de los comités partidarios”.
Aquellos partidos políticos “si se encuentra inscrito o se pretenda inscribir en el Registro de Organizaciones Políticas” haciendo omiso a estas consideraciones será causal para la cancelación de su inscripción y del postulante en cuestión.
“Nuestra propuesta aborda esta deficiencia de la representación política dentro de su propio sistema democrático y del Estado de derecho (...) es irrestricto que cada ciudadano que pretenda ser militante o fundador a una organización política no tenga ningún antecedente judicial, ni proceso, ni sentencia en primera instancia, ni estar inhabilitado, esto generaría mayor transparencia y de la idoneidad de lo candidatos”, refirió la legisladora.
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Por lo tanto, “presentamos la presente propuesta de ley para el debate y análisis en mejora de capacidad eficiente y ético de los funcionarios y servidores públicos elegidos a partir de su candidatura dentro de las organizaciones políticas”, remarcó.
“Se debe entender que los procesos de investigación respecto a delitos y mucho más a aquellos ya sentenciados debilita todo el sistema de representación que se refleja en las demandas sociales insatisfechas”, concluyó Yarrow Lumbreras.
La inciativa plantea modificar los artículos 5, 6, 8, 9, 13, 13-A y 17 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas.
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