El dictamen que propone restituir el aporte privado de personas jurídicas a partidos políticos, hasta en un máximo de 200 UIT (más de S/ 1 millón) por año, regresó a la Comisión de Constitución para que se realice un mayor análisis, por acuerdo del pleno del Congreso.
Desde el Congreso se tomó esta decisión en base a un pedido del congresista Jaime Quito, quien planteó una cuestión previa durante el debate en el pleno, que fue aprobado con 53 votos a favor, 43 en contra y 5 abstenciones.
Por su parte, el congresista Luis Aragón Carreño, vicepresidente de la Comisión de Constitución, sustentó el dictamen que, según comentó, garantiza la sostenibilidad política y financiera de los partidos políticos, mediante la restitución del financiamiento privado que fue “satanizado hasta su prohibición”.
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La iniciativa modifica el artículo 30 de la Ley de Partidos Políticos y permite las contribuciones, ya sea en efectivo o en especies de cada aportante como persona natural y persona jurídica nacional, así como el uso de inmuebles a título gratuito hasta 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por año.
También establece en 200 UIT el límite de fondos que puedan recaudar por actividades proselitistas, provenientes de aportes en efectivo debidamente bancarizados o de contribuciones que permitan identificar a los aportantes.
Asimismo, permite ampliar el uso del financiamiento público para ser destinados a pagos como asesoría y patrocinio legal al partido políticos, directivos y voceros; con el fin de financiar canales de comunicación institucional y para que el monto otorgado se realice en base a la sumatoria de los votos obtenidos en la cámara de diputados y senadores.
En el debate, Susel Paredes, congresista de la República, se mostró en contra de la iniciativa antes mencionada, debido a que considera que esta modificación permitiría que se pague la defensa de líderes partidarios procesados con recursos públicos.
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En el mismo marco, Guido Bellido y Rut Luque, aseguraron que las modificaciones no garantizan la transparencia, pues permiten que se realicen aportes con la reserva de la identidad, mediante el Banco de la Nación.
Por otra parte, el congresista José Williams dijo que el aporte de personas jurídicas y naturales representa un compromiso con la política y con las ideas del grupo político, mientras que el congresista Alejandro Muñante comentó que la prohibición de financiamiento privado abrió la puerta para que las economías ilegales financien a los partidos políticos.
“El retorno del financiamiento de los privados puede significar que se disminuya el aporte ilegal que realizan algunas economías ilegales a las campañas de congresistas, candidatos a municipios y regiones. Levantar el monto del financiamiento privado es un gran paso”, expresó la parlamentaria Patricia Juárez.
Nota elaborada con información de Agencia Andina.