El Congreso de la República desembolsará más de S/ 40 mil para costear la defensa legal de César Revilla, integrante de la bancada de Fuerza Popular, en la investigación fiscal que se le sigue por su presunta participación en la organización criminal que lideraría Patricia Benavides.
Infobae Perú mostró una orden de servicio emitida por el Poder Legislativo, con fecha 12 de abril, para el estudio Loza Avalos Abogados SAC por un monto de S/ 40 mil 710. El documento lleva la firma de la coordinadora del Grupo Funcional de Compras, la jefa del Área de Programación y Gestión de Adquisiciones y el jefe del Departamento de Abastecimiento, indicando que el servicio de patrocinio legal es para el congresista Revilla.
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¿Por qué es investigado el congresista de Fuerza Popular?
César Revilla fue mencionado en conversaciones revisadas por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) en torno a las investigaciones que involucran a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides y una presunta red de corrupción que involucraría a funcionarios públicos, entre ellos algunos parlamentarios.
Según los chats en mención, el legislador de Fuerza Popular se habría encargado de coordinar con Jaime Villanueva, diferentes reuniones con otros parlamentarios previo al debate y votación de la resolución que planteó la inhabilitación de Zoraida Ávalos para el ejercicio de la función pública.
Cabe señalar que, el estudio Loza Avalos Abogados SAC es de la abogada Giulliana Loza, quien ha ejercido la defensa legal de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, en los últimos años. El legislador investigado precisó que el costo de su defensa sea asumida por el Parlamento, está “conforme a ley”.
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¿Qué señala la ley del Servicio Civil?
De acuerdo a lo señalado en la ley 30057, Ley del Servicio Civil, los servidores civiles tienen, entre otros derechos, a “contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales”.
La norma también precisa que, “si al finalizar el proceso se demostrara responsabilidad, el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa especializados”.
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