El presidente del Congreso de la República del Perú, Eduardo Salhuana, informó que por acuerdo de la Junta de Portavoces se realizará un Pleno Extraordinario este viernes 11 de octubre a las 2:00 de la tarde, con la finalidad de evaluar la posibilidad de una derogatoria de la Ley N° 32108, que modifica la definición de crimen organizado y obliga a que los abogados de los imputados estén presentes en los allanamientos.
Entre otros puntos de la agenda a debatir están:
- Dictamen de la Comisión de Justicia sobre diversos proyectos de ley vinculados a “Terrorismo Urbano”.
- Debate de los Proyectos de Ley 8507 y 8959, referidos a la posibilidad de sancionar a jueces y fiscales que liberen a sujetos activos del delito detenidos en flagrancia.
- Proyecto de Ley 9036, planteado por la congresista Susel Paredes referido a las “tentativas”.
Asimismo, se anunció un pronunciamiento por parte del Congreso de la República en relación a las atribuciones, funciones y responsabilidades que tiene cada poder del Estado en la lucha contra la delincuencia.
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La iniciativa se dio en respuesta a las exigencias del gremio de transportistas que marcharon hacia el Congreso y fueron recibidos por un grupo de parlamentarios para exponer los motivos de la nueva paralización de sus actividades.
Como es de conocimiento público, diversas empresas de transportes y otros gremios empresariales convocaron a un paro de 72 horas, que inició este jueves 10 de octubre y que tendría vigencia hasta el domingo 13.
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Entre las principales demandas de los manifestantes se encuentra la derogación de la Ley N° 32108, considerada por quienes promueven la protesta ciudadana como un obstáculo para combatir el crimen organizado.
El grupo de transportistas indicó que de no derogarse esta ley, la protesta continuará y se masificará a nivel nacional; pues como se recuerda, la semana pasada esta misma la Junta de Portavoces rechazó por mayoría que una de las propuesta para anular la norma se aborde directamente en el Pleno y sea exonerada del trámite en comisiones. En lugar de ello, instaron a que la iniciativa deba seguir su revisión en la Comisión de Justicia.
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Sobre la ley de terrorismo urbano
En cuanto a la ley de terrorismo urbano, este sector de manifestantes exige que se rechacen las diferentes propuestas, advirtiendo que existe una posible intención de criminalizar las marchas y protestas en las calles, en donde se exige mayor seguridad.
Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, negó dicha intención: “Ningún proyecto de ley presentado por mis colegas congresistas tiene referencia a temas de protesta o movilización, ninguno. Nosotros estamos legislando sobre las penas de receptación, de extorsión, sicariato, robo agravado, asalto a mano armada, etcétera. Pero sobre la movilización en absoluto”.
De igual manera, sostuvo que el Congreso tiene las puertas abiertas a las quejas de la ciudadanía.
“Ratificamos que el texto sobre terrorismo urbano no incluirá delitos por protesta, marcha o movilización. Este Congreso escucha y trabaja por la seguridad y libertad de todos”, agregó.
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