El ministro Geiner Alvarado fue censurado este jueves por el Pleno del Parlamento. (Foto: Congreso)
El ministro Geiner Alvarado fue censurado este jueves por el Pleno del Parlamento. (Foto: Congreso)

Con 94 votos a favor, 14 en contra y 8 abstenciones, el aprobó este jueves 15 de setiembre la moción de censura en contra del titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (), Geiner Alvarado, quien deberá dejar el cargo en las próximas 72 horas.

La iniciativa había sido presentada por la bancada de Avanza País contra Alvarado, quien es investigado por la Fiscalía por presuntamente ser parte de una organización criminal que lideraría el presidente Pedro Castillo.

Durante el debate que se realizó antes de la votación, la voceras de Perú Libre, Kelly Portalatino; de Avanza País, Adriana Tudela, y de Fuerza Popular, Patricia Juárez, se pronunciaron a favor de la censura del miembro del gabinete ministerial.

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El señor Geiner Alvarado, durante el año que estuvo a cargo del Ministerio de Vivienda, no tuvo la capacidad de gestión que requiere. En su gestión no se ha ejecutado alguna obra pública de alto impacto dentro del Perú profundo”, manifestó Portalatino.

Creemos que este Gobierno, y en particular el ministro, han utilizado como un pretexto las necesidades de los peruanos más pobres y más vulnerables para armar una red de corrupción y llenarse lo bolsillos a costa del dinero público”, dijo Tudela a su turno.

El ministro de Transportes y Comunicaciones en su legajo personal tiene varias denuncias que de plano lo descalifican para ejercer cualquier cargo público y con mayor razón el de ministro de Estado. No se trata de simples denuncias, sino de investigaciones que se vienen dando en sede fiscal por la comisión de delitos sumamente graves en el marco de una organización criminal”, agregó Juárez.

En la moción de censura que se presentó contra el ahora censurado Geiner Alvarado, se sustenta que el ministro debía salir del cargo por la presunta comisión de hechos ilícitos en la modalidad de “licitaciones públicas fraudulentas, con las que habría otorgado la buena pro de obras pública a empresas que no contaban con los requisitos exigidos por la ley. Además, indican que direccionaba a empresas con la que habría negociado “bajo la mesa”.

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