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El Congreso de la República se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. La Mesa Directiva, que encabeza Eduardo Salhuana, aprobó un desembolso de dinero para contratar a un abogado que asesore al legislador de Perú Libre (PL), Waldemar Cerrón, quien es segundo vicepresidente de la institución, en la investigación preliminar que le abrió el Ministerio Público.
Así quedó estipulado en el acuerdo N° 059-2024-2025/MESA-CR, que lleva las firmas de Salhuana (Alianza para el Progreso), Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País).
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“Se acordó autorizar a la Dirección General de Administración para que realice las acciones administrativas y presupuestales pertinentes para la contratación del servicio de defensa legal a favor del congresista Waldemar José Cerrón Rojas”, se lee en el documento, al que accedió el portal Infobae.com.
En el acuerdo se precisa que la decisión se fundamenta en los documentos presentados por Cerrón, de fecha 8 y 19 de noviembre de 2024, entre ellos, el informe 0584-2024-OPPM-OM-CR, de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y el Informe 105-2024-2024-OLCC-OM-CR, de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.
También se menciona el artículo 2 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, el cual establece que una de las categorías de servidores civiles es la de funcionario público, condición que ostentan los congresistas de la República.
Sin embargo, si al finalizar el proceso judicial se demostrara responsabilidad del investigado (Waldemar Cerrón), “el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa especializada”.
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¿De qué le acusa a Waldemar Cerrón?
Un informe del Ministerio Público recomendó abrir una investigación en contra de Cerrón por el presunto delito de encubrimiento y obstrucción a la justicia en el ejercicio de su función parlamentaria. También se pidió incluir a la presidenta Dina Boluarte.
De acuerdo a la tesis fiscal, Boluarte y Cerrón habrían utilizado su influencia en el Gobierno y el Congreso, respectivamente, al promover proyectos de ley que habrían favorecido a algunos integrantes de Perú Libre.
El fiscal adjunto supraprovincial de lavado de activos, Ángel Astocondor Villalobos, recomendó en su informe denunciar a ambos funcionarios, al ser acusados de integrar el “brazo legal” de una presunta organización criminal enquistada en dicho partido.
Para ello, remitió un documento de 200 páginas al coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, Rafael Vela, quien lo derivó al despacho del entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.
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