Congresistas de la Comisión Especial de seguimiento a emergencias y gestión de riesgo de desastres COVID-19 cuestionaron la labor que viene realizando el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) frente a los derrames de petróleo ocurridos en la Amazonía.
“Así como desplegaron acciones por el derrame ocurrido en el mar de Ventanilla, así también deberían trabajar en la Amazonia. Si hubo mano del hombre, espero haya existido fiscalización y denuncias ante el Ministerio Publico”, dijo el presidente de dicho grupo de trabajo, el congresista Juan Carlos Mori Celis, durante la sesión realizada este viernes 18 de marzo.
En dicha sesión participó la presidenta (e) y gerente general de ese organismo, Miriam Alegría, quien informó que en cuanto al Oleoducto Norperuano, en la estación 1, tramo I ubicado en el distrito de Urarinas-Lagunas, se registraron 20 derrames, de los cuales 16 fueron por corte de ductos, considerado como atentado, y 4 por mantenimiento.
Agregó que en cuanto a Oleoducto Norperuano - Ramal Norte Loreto en la Estación Morona, ubicada en el distrito de mismo nombre en Manseriche, se registraron 6 derrames de los cuales 2 fueron por corte de ductos y 4 por mantenimiento.
De igual manera, dijo que hay un número muy importante de derrames por situaciones de actos vandálicos por cortes generados que han ocasionado contaminación.
“Hemos puesto de conocimiento al Ministerio Público y entendemos que la Fiscalía ha actuado, pero no se ha identificado a los responsables”, dijo al tiempo de observar que hay bastante obstaculización en el desarrollo de sus acciones posiblemente por quienes cometen estos actos vandálicos y no se les permite ingresar para hacer la fiscalización
Al respecto, el congresista Ernesto Bustamante Donayre (FP) consideró que quien corta un tubo y derrama petróleo, mas aun en una zona protegida de la selva, es un delincuente y pidió conocer si se está tomándolas medidas ante ello.
Por su parte, el congresista Elvis Vergara (AP) consideró que la OEFA no está haciendo una buena labor con acciones poco sancionadoras respecto a las empresas contaminantes.
“Se está tratando de echarle toda la responsabilidad a los afectados y no concibo que los líderes y los comuneros hagan algo que los afecte porque ellos están allí, toman esa agua”, sostuvo y subrayó que la única institución que persigue el delito es el Ministerio Público.