El congresista y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Diego Bazán (Avanza País), se mostró de acuerdo en delegar al Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana.
Bazán señaló que el tema aún no se ha discutido al interior de su bancada, pero que personalmente sí le daría facultades que solicitó la presidenta de la República durante su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias.
“La demanda más grande hoy es seguridad ciudadana y si el Ejecutivo plantea políticas públicas claras, no queda duda que este Congreso tiene que tener la misma agenda (....) a título personal yo le daría facultades”, señaló en declaraciones a RPP.
El legislador saludó también el anuncio del Gobierno sobre la policía de orden y seguridad, “replicando un modelo europeo”.
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No obstante, afirmó que la inseguridad ciudadana se enfrenta con iniciativas desde el Ejecutivo y, en ese sentido, cuestionó que no se haya mencionado en el mensaje por Fiestas Patrias la compra de patrulleros considerando que hoy se requiere por lo menos 6 mil patrulleros y que el Ministerio del Interior no ha iniciado la adquisición de estos vehículos.
Asimismo, el legislador sostuvo que desde el Poder Ejecutivo se tiene que aumentar la capacidad de las escuelas técnico profesionales de la Policía Nacional en todo el país, la reforma de los penales; así como equipar e implementar la defensa jurídica, por parte del Estado, a los efectivos policiales.
Sobre la expulsión del país de ciudadanos extranjeros inmersos en actividades delictivas, Bazán fue enfático en señalar que lo principal es que no se genere impunidad pues nadie garantiza que enviándolos a su país vayan a cumplir con su condena.
“Si un extranjero mata, secuestra o comete delitos graves tiene que pagar condena en el país. Nadie garantiza que expulsándolos y regresándolos a su país vayan a cumplir su condena”, advirtió.
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El último viernes, durante su mensaje a la Nación, la presidenta de la República, Dina Boluarte, presentó un proyecto de delegación de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastres ante el Niño Global, meritocracia, infraestructura social y calidad de proyectos, por el plazo de 120 días.
Según dijo, el propósito de su gestión es producir un total de 50 normas, 33 directamente encaminadas a reducir al máximo las amenazas de la delincuencia, 6 normas para enfrentar oportuna y eficientemente las emergencias que se deriven de la anomalía climatológica, 10 decretos legislativos sobre desarrollo de la infraestructura y una norma sobre meritocracia para reducir el déficit de calidad de los recursos humanos que el Estado incorpora a sus instituciones.
“Dado el alto índice de la delincuencia, en el marco de la solicitud de facultades pretendemos aprobar una norma orientada a reforzar la lucha contra la extorsión, la estafa, el fraude y otros delitos, con una herramienta que permita el intercambio de información entre la Superintendencia de Banca y Seguros, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional”, añadió.
La presidenta añadió que se establecerá un marco normativo para la implementación, operación y mantenimiento de la Central Única de Emergencias, a través de un único número que regule su interconexión y funcionamiento, así como medidas para el traslado de su administración y funciones de las entidades involucradas.
