Desde liderar una organización criminal, mantener un gabinete en la sombra e incluso, obstruir a la justicia, éstos son algunos de los delitos que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le imputó al presidente de la República, Pedro Castillo, a través de una denuncia formal presentada al Congreso de la República a inicios de esta semana.
A raíz de la acusación, varios miembros del gabinete ministerial han salido a dar su apoyo al mandatario peruano. Entre ellas, la ministra Betssy Chávez, que el último miércoles presentó una denuncia constitucional contra fiscal del Nación; mientras que el premier Aníbal Torres aseguró que se está pretendiendo dar un golpe de Estado.
Frente a la incertidumbre política, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), exhortó al Poder Ejecutivo -a través de un pronunciamiento- a facilitar las investigaciones para que se realicen con transparencia y sin obstrucción a la justicia.
En esa línea, también demandaron al Congreso de la República seguir los procedimientos que corresponden de manera rigurosa y ética, “asegurando un debido proceso y permitiendo que podamos llegar a la verdad”.
“Como consecuencia de los serios indicios de actos de corrupción en el gobierno del presidente Pedro Castillo, el Ministerio Público y el Poder Judicial están cumpliendo con su labor y es deber de todos los peruanos respetar la institucionalidad del sistema de justicia. (...) La corrupción es uno de los problemas más importantes para la ciudadanía y el principal obstáculo para el desarrollo del país. Es necesario luchar frontalmente contra la corrupción, venga de donde venga”, señalaron.
El pronunciamiento está suscrito por los 22 gremios de la pequeña, mediana y gran empresa asociadas a Confiep, así como por las cámaras de comercio.