La Comisión Permanente aprobó, en segunda votación, el dictamen que propone modificar el Código Penal, la Ley contra el Crimen Organizado y la Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares.
Con 12 votos a favor, 3 contra y 9 abstenciones aprobó el texto sustitutorio del dictamen del Proyecto de Ley 5981, que excluye 59 tipos penales de los 91 originalmente incluidos.
El dictamen propone modificar el Código Penal, la Ley contra el Crimen Organizado y la Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares.
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Modificaciones
Con esta iniciativa, se considera como organización criminal “a todo grupo con compleja estructura desarrollada y con mayor capacidad operativa, compuesta por tres o más personas estables, permanentes o por tiempo indefinido que, de manera concertada o coordinada, se reparten tareas correlacionadas entre sí, para la comisión de delitos sancionados con pena privativa de libertad mayor de seis años, para obtener un beneficio económico”
Además, establece que el fiscal solicite al juez penal, el bloqueado e inmovilización de las cuentas, excepto de aquellos montos referidos a ingresos vinculados a la subsistencia del investigado, como son las pensiones por jubilación e ingresos de labores acreditadas.
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Esta medida no puede durar más de 15 días y, excepcionalmente, podrá prorrogarse por 15 días más, previo requerimiento del fiscal provincial y resolución motivada del juez penal.
Respecto a los operativos de allanamiento de inmuebles o lugares cerrados fuera de los casos de flagrancia, se realizará en presencia del interesado y de su abogado. “De no contar con abogado, se le proporcionará uno de oficio. La solicitud y la resolución judicial indicarán expresamente la finalidad del allanamiento y registro”.
Cuestionamientos
La aprobación en segunda votación se da en medio de cuestionamientos de diferentes personalidades políticas.
El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena consideró que las modificaciones afectarían la eficacia de los allanamientos.
“Un allanamiento en esas condiciones perdería toda eficacia y perdería el factor sorpresa. No encontraríamos nada. Esa y muchas otras normas en el proyecto de ley que se está trabajando en el Parlamento, creo que incluso, muchas de ellas vulneran nuestras facultades”, sostuvo en RPP.
Los gremios empresariales también manifestaron su posición en contra al indicar que pone en riesgo la seguridad ciudadana del país.
A través de un comunicado, Adex, Agap, CCL, Capeco, Confiep, SNI, y FTCCP consideraron grave que “se señale como requisito que las organizaciones criminales controlen la cadena de valor de un mercado o economía ilegal, con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto, que tienen en zozobra a la población”.
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