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La Comisión de Descentralización del Congreso de la República aprobó, por mayoría, el dictamen del proyecto de ley que fija los requisitos mínimos para acceder a la función pública, así como las causales para la remoción del personal de confianza.
El pronunciamiento fue por 10 votos a favor y 3 en contra. La presidenta del grupo de trabajo, Norma Yarrow (Avanza País), afirmó que con esta proposición se conseguirá que las mejores personas ocupen cargos en el Gobierno.
Se encuentran comprendidos, entre otros, los viceministros, secretarios generales de ministerios, gerentes generales o los que hagan las veces de los organismos públicos y organismos constitucionalmente autónomos, así como los titulares, adjuntos, presidentes y miembros de los órganos colegiados de los organismos públicos del Poder Ejecutivo.
También los gerentes generales regionales, gerentes regionales o directores regionales de los gobiernos subnacionales, gerentes generales de gobiernos locales y provinciales, además de los gerentes municipales de distritos de más de 250,000 habitantes; dejando al reglamento de la ley los requisitos para los funcionarios antes mencionados de los distritos con menor población.
Los requisitos mínimos para todos ellos están vinculados a la formación académica, contar con el título profesional, técnico o maestría y poseer con experiencia profesional referida al puesto o cargo, la función o materia y trayectoria en el sector público.
Por otro lado, el dictamen establece como impedimentos para asumir los cargos antes mencionados los siguientes:
- Tener sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso.
- Estar inhabilitados por mandato judicial para ejercer función pública.
- Haber sido destituidos de la administración pública por falta muy grave; precisando que, en caso de iniciarse acción judicial contra dicho acto, el impedimento perdurará mientras la sanción no haya sido firmemente revertida por el Poder Judicial.
En la sesión también se dio cuenta del texto sustitutorio que propone que los estudiantes de educación superior universitaria y/o técnica tienen derecho a que se les reconozca sus prácticas preprofesionales y profesionales como experiencia laboral.
Finalmente, la presidenta de la comisión parlamentaria expresó su extrañeza por la segunda inasistencia de la ministra de Inclusión Social, Dina Boluarte, al seno del grupo parlamentario. “La vemos en los sets de televisión y ahora informa que está de viaje en Lambayeque conjuntamente con el presidente Castillo”, indicó Yarrov.