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Desde que la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato estableció que la brasileña Odebrecht pague S/ 610 millones más intereses legales de reparación civil, distintas compañías nacionales se encaminan al mismo proceso.
Este diario reveló que, por lo pronto, Cosapi plantea un pago de reparación civil al Estado de S/55.5 millones tras haberse acogido a la colaboración eficaz en el caso Club de la Construcción (Gestión 11.08.2020).
¿Qué hay de las demás? Gestión pudo acceder al informe denominado “Declaración de Responsabilidad” de la empresa Obrainsa en la que en su página 11 informan que pagarían una reparación civil por S/16.1 millones.
La investigación
Actualmente, Obrainsa está incluida como persona jurídica en el proceso penal por el caso Club de la Construcción. La jueza María Álvarez le dio la razón al fiscal Germán Juárez el 4 de diciembre del año pasado.
Según la tesis fiscal, Obrainsa y otras 15 constructoras entre nacionales y extranjeras se habrían repartido ilícitamente obras adjudicadas por Provías Nacional (Ministerio de Transportes) entre los años 2011 y 2014.
La constructora nacional también fue incorporada como tercero civil responsable en este mismo proceso, el 13 de diciembre del 2018.
No obstante, en el informe, la gerencia de Obrainsa niega que haya participado y que haya tenido conocimiento sobre alguno de actos ilegales.
Las consecuencias
La constructora nacional al haber sido socia de Odebrecht en los consorcios Vial El Arenal Punta de Bombón y Gestiones Viales del Norte fue incluida en la categoría 2 de la Ley 30737 que asegura el pago de la reparación civil.
Según el documento, desde el 1 de junio del 2018, Obrainsa inició acciones legales requiriendo al Ministerio de Justicia (Minjus) excluir a la empresa de dicha categoría, pues hasta hoy ninguna empresa del consorcio confesó sobornos o ha sido sentenciada por delitos contra la administración pública.
Mientras Obrainsa siga en la relación del Minjus por los dos consorcios, la compañía se encuentra obligada a constituir un fideicomiso de garantía que coadyuve al pago de una eventual reparación civil, que la Procuraduría determinó en S/ 16.1 millones.
El fideicomiso sería alimentado con bienes, derechos o acciones y podría ser pagado hasta en cinco años. Gestión buscó la versión de la empresa para la redacción de esta nota, pero hasta el cierre de esta edición, no obtuvimos ninguna respuesta.
