:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/J67DWMZIIVBZ7NAUJ2CXLSLUWU.jpg)
El Ministerio Público y la Procuraduría ad hoc planean cerrar este año el acuerdo de colaboración eficaz corporativo con Cosapi, en el marco de las investigaciones por el caso “Club de la Construcción”, según fuentes judiciales.
De esta manera, Cosapi podría convertirse en la primera empresa nacional involucrada en presuntos delitos en agravio del Estado en acogerse a este beneficio, después de la brasileña Odebrecht.
Precisamente, este diario reveló que la constructora decidió colaborar con la justicia desde enero de 2018. (Gestión 11.08.2020)
De acuerdo a fuentes de Gestión, las conversaciones entre el fiscal Germán Juárez y la procuradora ad hoc Silvana Carrión con la defensa legal de Cosapi están bastante avanzadas.
Es más, se estaría ya calculando la reparación civil final que pagaría la empresa al Estado sobre la base de cada obra o contrato en los cuales admitieron pagos de soborno.
Otras fuentes consultadas señalaron que la constructora habría confesado la comisión de ilícitos en al menos 10 licitaciones. No obstante, la cifra subiría, pues la constructora todavía sigue brindando información de nuevos casos al fiscal Juárez.
Según la tesis del Ministerio Público, Cosapi y otras 15 empresas, entre nacionales y extranjeras, habrían formado un cártel de constructoras que se implementaron un pago de sobornos para acceder a licitaciones entre los años 2011 y 2014.
¿Y Obrainsa?
A pesar de que Obrainsa pretendería pagar una reparación civil al Estado de S/ 16.1 millones por el caso Club de la Construcción, la Procuraduría ad hoc aún no habría tenido ninguna comunicación con la empresa, según otras fuentes consultadas.
Por el momento, la persona jurídica está incorporada en la categoría 2 de la Ley 30737 la cual asegura el eventual pago de reparación civil que tendría que hacer.
Esta norma ordena a todas las exsocias de Odebrecht –que sí admitió delitos– a constituir un fideicomiso en el Ministerio de Justicia hasta que el Poder Judicial emita un fallo que declare su inocencia o culpabilidad en el proceso penal donde viene siendo investigada.
