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El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró infundado un pedido de imponer una sanción menor y destituyó a Mercedes Dolores Gómez Marchisio, jueza superior de la Tercera Sala Penal para reos en cárcel de la Corte Superior de Lima, por acceder a liberar a procesados a través del pedido interesado de César Hinostroza.
En la ponencia del Procedimiento Disciplinario N° 097-2021-JNJ a cargo de Aldo Vásquez Ríos, quedó acreditado en las conversaciones telefónicas entre la jueza y el exmagistrado supremo, que la investigada trasladó a Hinostroza Pariachi información respecto al sentido de su resolución en un proceso judicial que era de su interés.
Destacó que en las conversaciones “se tuvo un cuidado y recelo sobre los detalles y la información trasladada en las llamadas”, pues tanto César Hinostroza como la investigada conocían del contexto irregular del que estaban formando parte.
“La investigada e Hinostroza evitaron intencionalmente referirse a un número de expediente judicial o a las particularidades del caso (...) Para ello, el exjuez supremo Hinostroza le propuso a la investigada hablar en un lenguaje soterrado que dificulte el entendimiento de los mensajes, lo que la investigada aceptó y en dicha conversación usó términos maliciosamente ambiguos”, detalló Vásquez en su ponencia.
Detalló que esa conducta se agrava cuando a sabiendas de dichas advertencias para hablar en clave oculta, durante sus descargos cuestionó la ausencia de datos específicos, pedidos concretos y solicitudes expresas que acrediten un requerimiento del exjuez supremo César Hinostroza.
En este sentido, por unanimidad el pleno de la JNJ determinó que Mercedes Dolores Gómez Marchisio, incurrió en las faltas muy graves previstas en el art. 48, incisos 4 y 13, de la Ley de la Carrera Judicial, y le impuso la sanción de destitución y la cancelación del título de jueza.
Semanas atrás el Ministerio Público advirtió que el tercer proceso de extradición contra César Hinostroza ante España se encuentra paralizado debido a un pedido que hizo la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ante el Poder Ejecutivo.
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