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Los docentes y jefes de práctica de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) expresaron su protesta por el fallo judicial que condena a los periodistas Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel a dos años de prisión suspendida y al pago de S/ 400,000 de reparación civil a favor del político y empresario César Acuña Peralta.
En un pronunciamiento advirtieron que esta condena en primera instancia “pone en severo riesgo” la libertad de prensa, el ejercicio del periodismo de investigación y el derecho de los ciudadanos a estar bien informados.
La sentencia tiene su origen en la demanda presentada por Acuña contra la publicación del libro ‘Plata como cancha’, escrito por Acosta, y editado por Penguin Random House, filial Perú, de la cual Pimentel es director general.
“Es inaceptable sostener que Acosta ha difamado a Acuña porque recoge los testimonios de personas de su entorno, varios de los cuales fueron publicados antes en medios locales”, indicaron.
“El periodismo apela a fuentes para construir un relato fidedigno, veraz y documentado, de un hecho o de la vida de un personaje que ejerce o ha ejercido la función pública. Esta es una práctica habitual, aceptada en las sociedades democráticas, y sólo amenazada cuando un régimen, o un personaje con poder económico, como en este caso, intenta silenciar a quienes lo investigan”, añadieron.
De otro lado, los docentes de la PUCP expresaron su “protesta e indignación” por el acoso judicial al periodista Pedro Salinas, autor de investigaciones sobre el caso Sodalicio, tras sr objeto de un allanamiento de su domicilio, “una intervención violenta en la que se vulneraron sus derechos y los de sus familiares”.
Finalmente, enfatizaron que ambos casos permiten constatar que el ejercicio del periodismo en el Perú está amenazado por “grupos de interés” que buscan ejercer poder sobre los operadores de justicia para que estos se conviertan en instrumentos de la censura, en lugar de garantes del Estado de Derecho y las libertades civiles.
“Confiamos en que, en una segunda instancia, los jueces rectifiquen este despropósito que amenaza al sistema democrático. Esperamos que el Poder Judicial garantice las condiciones necesarias para que los periodistas informen sin presiones ni represalias”, sentenciaron.
