Tras un año de alrededor de 170 audiencias judiciales e interrogatorios, el Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional sentenció ayer al expresidente Alejandro Toledo a 20 años y 6 meses de prisión efectiva al encontrarlo responsable por la comisión de los delitos de colusión y lavado de activos en el marco del caso Interoceánica Sur, tramos II y III.
En tanto, los exintegrantes del comité de Proinversión Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco-Font, fueron sentenciados a 9 años de cárcel por el delito de colusión, mientras que el exdirectivo de la constructora ICGSA, Fernando Castillo Dibós, tendrá que enfrentar una condena de 14 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos de colusión y lavado de activos.
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Todos los sentenciados deberán pagar, de forma solidaria, una reparación civil de S/1375′475,899.30 y US$ 463′782,460.35.
Al respecto, la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, adelantó que, hasta la fecha, han logrado asegurar alrededor de unos S/ 700 millones, entre otros montos adicionales, del monto total de la caución fijado por el Poder Judicial. Este dinero será descontado una vez que la sentencia contra Toledo y demás involucrados sea confirmada en segunda instancia.
“De ese daño que se ha determinado, nosotros tenemos que descontar, en su momento, la reparación civil acordada con las empresas colaboradoras que también han confesado ilícitos en este proyecto. Estoy hablando de Odebrecht, estoy hablando de Graña (y Montero), en la eventualidad que se apruebe el acuerdo con la empresa ICCGSA, que reconoció también ilícitos en este proyecto, y los colaboradores (eficaces), que son personas naturales que ya tienen sentencia de colaboración”, indicó al diario El Comercio.
“Ese monto ya acordado y asegurado para pago de esta reparación civil suma alrededor de, más menos, S/ 700 millones que van a tener que ser descontados con una sentencia firme en este caso”, remarcó.
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Se ha retenido la pensión que debía percibir Toledo
En otro momento, Carrión recordó que, a pedido de la Procuraduría Ad Hoc, la pensión que percibía el exmandatario por parte del Congreso fue embargada.
“Con relación al señor Toledo, lo que tenemos es la retención de su pensión que le paga el Congreso en su calidad de expresidente, que es alrededor de S/ 300,000, lo que hasta ahorita la Procuraduría, desde hace unos años, viene ejecutando con este embargo retenido”, sostuvo al diario El Comercio.
También dijo que hay inmuebles vinculados al exmandatario, como la residencia en Punta Sal, que fueron incautados por presuntamente haber sido adquiridos de forma ilícita.
“Tienen que ser revertidos a favor del Estado en la decisión final”, aseveró al señalar que este inmueble y otros son parte del juicio oral por el caso Ecoteva, del cual espera que haya una sentencia a inicios del próximo año.
Respecto a montos de dinero que fueron pagados por otros acusados del caso Interoceánica, la procuradora anotó que se ha alcanzado unos S/ 40 millones.
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