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Un proyecto de ley de Alianza Por el Progreso (APP) busca modificar el Código Penal para agravar las penas para los inspectores y supervisores de obras públicas en casos de corrupción.
La iniciativa legislativa fue presentada por la parlamentaria Gloria Montenegro, actual ministra de la Mujer. Se trata de una modificación del artículo 384 del Código, referido al delito de colusión simple y agravada.
En el proyecto, se indica que se penará la concertación ilícita con la parte interesada en el proyecto, sean estos proveedores, participantes, postores, contratistas u otros.
Para cualquier funcionario público inmerso en el delito, el delito se reprimirá con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años.
Mientras que, en el caso de los inspectores o supervisores de obra, el hecho ilícito será castigado con una pena no menor de ocho ni mayor de 15 años de cárcel.
En la exposición de motivos, la iniciativa resalta que se han encontrado casos donde la defraudación al Estado se ha producido en la sobrevaloración de la obra, la calidad y duración de la misma, así como en pago de adelantos que no guardan correspondencia con los avances, aspectos donde los supervisores de obra tienen incidencia.
