Para el  congresista Jaime Quito se vulnera el deber de neutralidad de la función policial en contextos de conflictos sociales. Foto: Congreso)
Para el congresista Jaime Quito se vulnera el deber de neutralidad de la función policial en contextos de conflictos sociales. Foto: Congreso)

La presentó un proyecto de ley para impedir que la , brinde prestación de servicios policiales extraordinarios mediante convenios de seguridad a las empresas o entidades del sector privado del ámbito de la exploración, explotación o transporte de recursos naturales, o actividades similares.

La iniciativa es impulsada por el congresista Jaime Quito, quien busca modificar el Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, sobre la prestación de servicios policiales extraordinarios mediante convenios de seguridad con empresas privadas.

El plantea que la Policía Nacional del Perú, a través del personal policial que se encuentre de vacaciones, permiso o franco y de manera voluntaria, pueda prestar servicios policiales extraordinarios en entidades del Sector Público y/o del Sector Privado, en situaciones que puedan comprometer y/o afectar el orden público y la seguridad ciudadana, excepto a las dedicadas al sector extractivo y las relacionadas a ellas.

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Para Quito se vulnera el deber de neutralidad de la función policial en contextos de conflictos sociales, y se debilita la capacidad operativa de la institución policial para garantizar la seguridad ciudadana, según indica el proyecto en las exposición de motivos.

“De acuerdo con información oficial de la Policía Nacional del Perú, entre los años 2017 y 2020, el 43.7% de servicios policiales extraordinarios contratados por el sector privado se concentró en actividades vinculadas a proyectos de explotación de recursos naturales, siendo este sector el mayor beneficiario de esta modalidad de protección en la que la seguridad privada empresarial es asumida por la Policía Nacional del Perú”, añade.

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Al respecto, señala que en el ámbito de explotación de recursos naturales, se registran los mayores indicadores de conflictividad social definidos como conflictos socioambientales.

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