Pese a las críticas y diversos cuestionamientos contra la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, consideró que este tema ya “es un hecho consumado”, tras su reciente promulgación por parte del Congreso de la República.
En conferencia de prensa, el titular del Minjus remarcó que ahora “corresponderá a los jueces y fiscales aplicarla”.
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“Es un hecho consumado. La ley está vigente y corresponde a los jueces y fiscales aplicarla. Desde el Ejecutivo no aplicaremos esta norma, desde luego corresponderá a los jueces y fiscales disponer, desde su perspectiva, si aplican control difuso, control de convencionalidad o, eventualmente, si exponen una acción ante el Tribunal Constitucional que tengan que resolver”, anotó.
Respecto al pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Peruana y la decisión del Ministerio Público de presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra de la norma, Arana dijo que que el Gobierno respetará las posiciones de dichas instituciones respecto a los alcances y el contenido de la ley.
“Siendo respetuosos también consideramos que corresponde a ellos la presentación de los mecanismos constitucionales en contra de la ley”, aseveró.
Tras recordar que fue el Parlamento el que promulgó la ley en mención, el ministro adelantó que el Gobierno “se mantendrá al margen”.
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“Le corresponderá al Congreso responder, desde su Procuraduría, por los inconvenientes o por aquellos aspectos que se consideran son inaplicables”, sostuvo.
“El Tribunal Constitucional debe pronunciarse”
“Esto va a ser un tema polémico seguro hoy y mañana. No quiero recurrir a esta forma simplista, pero si hay tantas discrepancias, el Tribunal Constitucional siempre será el llamado a aclararlo”, afirmó.
Añadió que el TC es un espacio en el que se puede discutir incluso la propia constitucionalidad de dicha normativa, que ha sido cuestionada desde diversos sectores.
En ese sentido, explicó que dentro del Gobierno la aprobación de dicha ley motivó una “ardua discusión” y no se logró alcanzar una posición única, por lo que se optó que el Congreso la promulgue.
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