La semana pasada, el Gobierno aprobó presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial por un supuesto “menoscabo en sentido estricto” de las funciones de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Esto, con la finalidad de paralizar la investigación preliminar que se sigue contra la mandataria por el caso Rolex.
Al respecto, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, justificó la presentación de este documento al considerar que existe una “indebida interpretación” de la Constitución por parte de la Fiscalía de la Nación en la pesquisa iniciada contra Boluarte.
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El titular del Minjus hizo hincapié en lo dispuesto en el artículo 117 de la Carta Magna, que enumera las causales por las que se puede acusar a un jefe de Estado en funciones. A su juicio, el Ministerio Público no puede continuar la indagación contra la mandataria y formalizarla, por lo que tendría que esperar al término de su mandato.
Precisamente, este es el mismo argumento utilizado por el expresidente Pedro Castillo para intentar frenar sus pesquisas. En aquella oportunidad, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, interpretó que el proceso debía suspenderse temporalmente hasta que el exmandatario concluya su mandato; sin embargo, posteriormente fue inhabilitada por el Parlamento por este motivo.
“El fiscal es parte en el proceso. No tiene la verdad en sus manos, sino una hipótesis que tiene que demostrar. La pregunta es: cuando tenga la investigación, ¿va a poder iniciar un proceso contra la presidenta? Por supuesto que no, porque el artículo 117 de la Constitución dice que en todos los casos no previstos ahí se tiene que esperar el término del mandato”, indicó a RPP tras precisar que dicha medida afectaría la institución presidencial.
En ese sentido, remarcó que el TC debe decidir si la Fiscalía está facultada para seguir adelante con la investigación contra Boluarte.
“Muchos constitucionalistas han señalado con claridad que la potestad que tiene la Fiscalía de la Nación está prevista para el fiscal de la Nación titular. Es un tema discutible. Segundo, la institución presidencial debe protegerse en cuanto a la persona, a Palacio de Gobierno, a su trabajo, sí. Esto se ha vulnerado (...) lo que existe es una indebida interpretación de la Constitución. Considero que el Tribunal Constitucional debe zanjar si existe esa facultad de parte del Ministerio Público para la investigación”, apuntó Arana.
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“Hay que despolitizar el proceso”
En otro momento, el ministro indicó que lo que el Ejecutivo pretende es despolitizar el proceso y dejar que decida el TC frente a esta controversia.
“Aquí lo que se trata no es de establecer un marco político, aquí no se trata de votos ni de fuerzas. Aquí se trata de inconstitucionalidad. Por eso que más allá de que, entre comillas, podría tenerse amigos o podríamos tener bancadas afines y, entre comillas también, apañar a la presidenta, lo que el Gobierno ha dicho es que no se trata de un tema político. Hay que despolitizar”, acotó tras reiterar que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, “ha traspasado los límites”.
Finalmente, recordó que le corresponde al procurador del Estado, Luis Huerta, verificar si se cumplen los presupuestos y, posteriormente, presentar la demanda competencial. Si bien advirtió que existe la posibilidad de que no lo haga, enfatizó que la norma en mención ya ha sido publicada en el diario oficial El Peruano.
“Nosotros no tenemos información de eso, la Procuraduría General del Estado es autónoma en ese sentido y consideramos que si la evalúa la debe presentar en su momento (...) entiendo que el procurador la va a evaluar y la presentará en su momento. No creo que fuera tan extremo, pero es una posibilidad que el procurador la considere (no presentarla)”, manifestó.
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