APP propone que sentenciados por terrorismo y corrupción no accedan a cargos públicos y de elección

La congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso), con apoyo de colegas de su bancada, presentó un proyecto de ley de reforma constitucional, donde propone que sentenciados por terrorismo, corrupción y violación sexual no accedan a cargos y de elección popular.

La iniciativa legislativa 4121/2022-CR propone modificar el artículo 139, inciso 22, de la Constitución Política del Perú “con la finalidad promover la idoneidad de postulantes a cargos públicos representativos o de elección popular”.

“El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. En tanto, los sentenciados por terrorismo, peculado y corrupción de funcionarios, narcotráfico y violación sexual aun cuando hubieran sido rehabilitados no podrán acceder a cargos públicos o de elección popular”, dice el nuevo texto del artículo de la Carta Magna que buscan modificar.

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En la exposición de motivos, Camones Soriano detalla que en un reporte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se informó que en las elecciones congresales extraordinarias de 2020, del total de aspirantes a un sillón en Poder Legislativo, 229 declararon sentencias civiles (8%) y 186 sentencias penales (6,5%).

Del mismo modo en las elecciones generales de 2021, pues hubo 125 postulantes con sentencias civiles y 73 con sentencias penales declaradas.

“Las cifras de las tres últimas elecciones generales, municipales y regionales evidenciaron la presencia de un alto número de postulantes no aptos para ejercer el cargo”, agregó en el documento.

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Asimismo, la también expresidenta del Congreso cita al expresidente del Tribunal Constitucional y exministro de Estado César Landa, quien señala que la medida puede ser cuestionada porque afectaría el principio de rehabilitación

“... precisa que, esta medida, podría ser cuestionada debido a que afectaría el principio de rehabilitación; no obstante, este tampoco es absoluto. El derecho de los aspirantes a cargos públicos puede ser razonablemente limitado si es que estos cometieron delitos que afectan a la estructura y esencia del Estado”, se lee sobre lo dicho por Landa Arroyo.