Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, señaló que si el expresidente Alejandro Toledo no se presenta ante las autoridades estadounidenses mañana viernes 7 de abril a las 9.00 a.m., de San Francisco será detenido en donde se le encuentre para ser trasladado a una cárcel.
En diálogo con TV Perú, explicó que esa condición se mantendrá hasta que representantes del gobierno peruano lleguen al lugar para recibirlo y trasladarlo al país, en condición de extraditado.
Carrión resaltó la importancia de las dos decisiones judiciales que se tomaron en Estados Unidos en la víspera respecto al caso del expresidente Toledo.
Señaló que estas tienen en cuenta la gravedad de los cargos en contra suya y también el análisis que a lo largo de cuatro años se ha venido haciendo sobre los requerimientos de la justicia peruana.
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Estos, a su vez, tienen que ver con el involucramiento del exmandatario con el caso de los cobros irregulares a constructoras brasileñas para la construcción de la Carretera Interoceánica, recordó la procuradora.
Refirió que en la víspera, el noveno circuito de la Corte Judicial de California denegó en segunda instancia el habeas corpus interpuesto por Toledo en contra de su extradición. Horas después, el juez Thomas Hixson dispuso la prisión efectiva del expresidente.
En ese contexto, la orden emitida consiste en que mañana viernes Toledo debe entregarse a la justicia. “Si no lo hace, los alguaciles deberían apresarlo e ingresarlo a una cárcel para que quede en custodia hasta que las autoridades peruanas se desplacen allí y lo reciban para que pueda ser trasladado a nuestro país”, manifestó la procuradora.
Caso Ecoteva
Por otro lado, Carrión recordó que ya se ha presentado ante el gobierno de Estados Unidos el pedido de extradición de Alejandro Toledo por el caso Ecoteva.
Precisó que este requerimiento se encuentra actualmente en el Departamento de Justicia de dicho país, desde donde tendrá que ser derivado al Poder Judicial estadounidense.
Carrión señaló que en este caso Toledo enfrenta una denuncia por delito de lavado de activos por el uso de 32 millones de dólares provenientes de coimas que fueron utilizados para comprar inmuebles y otros bienes.
Junto al exmandatario, en este proceso se encuentran investigados su esposa, Eliane Karp; su suegra Eva Fernenbug, y otros personajes, indicó la procuradora.
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