El expresidente Alejandro Toledo presentó un recurso de apelación para afrontar el proceso que sigue por el caso de la Carretera Interoceánica Sur en libertad. Este proceso fue admitido a trámite por el Poder Judicial porque, según el juez Richard Concepción Carhuancho, se cumple con los presupuestos subjetivos, objetivos y formales de todo medio impugnatorio.
La defensa legal de Alejandro Toledo demandó que se revoque la resolución judicial que emitió el juez Víctor Zúñiga el 22 de febrero, en la que se declara improcedente el pedido de excarcelación de su patrocinado.
Se espera que el exmandatario cumpla con disponer su inmediata libertad porque ya vencieron los 18 meses de prisión preventiva que le impuso Richard Concepción Carhuancho en el 2017, que se dividen en ocho meses detenido en Estados Unidos y 10 meses recluido en un penal peruano.
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Juez difiere con tiempo de prisión preventiva
Para el juez Zúñiga Urday, el argumento de la defensa de Alejandro Toledo sobre el cumplimiento de prisión preventiva no es correcto y, mediante una resolución judicial, se informó que el plazo de la prisión preventiva se realizará desde el momento en el que llegó al Perú, es decir, desde el 23 de abril del 2023, por lo que la medida restrictiva vence el 22 de octubre del 2,024.
El magistrado indicó que dicha resolución judicial no fue objeto de impugnación por parte del abogado de Toledo, pese a que no fue debidamente notificada el 24 de abril del 2023, ni se presentó cuestionamientos cuando se le notificó el documento que autoriza un juicio oral contra el exmandatario por ese caso.
Posteriormente, el 12 de marzo, Richard Concepción Carhuancho resolvió “conceder” este recurso de apelación y remitirlo a la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Si esta instancia lo admite a trámite, se deberá programar una audiencia virtual para evaluarlo con la participación del exmandatario y las demás partes procesales para emitir una decisión final.
Jose Domingo Pérez solicitó que la presión preventiva contra Alejandro Toledo sea de 20 años y seis meses de prisión, así como su inhabilitación por nueve años para ejercer algún cargo público. Ello porque está acusado de ser el presunto autor de los delitos de colusión y lavado de activos en agravio del estado.
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