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El abogado del expresidente Alejandro Toledo, Roberto Su, se mostró de acuerdo con la decisión del juez de la Corte del Distrito Norte de California (EE.UU.) Thomas S. Hixson, quien dispuso la liberación del exmandatario ante el riesgo de que pueda contraer coronavirus (COVID-19).
“Nosotros consideramos que esta decisión que ha tomado el juez es una decisión humanitaria. Se ha ponderado el alto riesgo que tiene el expresidente en prisión. Él hace cinco días que ya estaba en cuarentena aislado, precisamente por los altos riesgos que había en ese penal por el personal que ingresa o sale. Además que California es uno de los estados más afectados de Estados Unidos (por el coronavirus)”, señaló al diario El Comercio.
El último 19 de marzo el mencionado juez ordenó que Alejandro Toledo cumpla arresto domiciliario con vigilancia vía GPS siempre y cuando pague una fianza de US$1 millón, de los cuales US$500 mil deberán ser entregados en efectivo.
“Nosotros tomamos conocimiento de que el día jueves fue aislado en forma preventiva. Lo importante es que él esté en un lugar donde su salud no corra mucho riesgo y por otro lado la defensa había solicitado los grilletes por tanto no se ha hecho ninguna objeción sobre la medida adoptada”, agregó.
El pasado lunes 16 de marzo, la defensa del expresidente envió un oficio al despacho del juez Hixson pidiendo una nueva reconsideración a su solicitud de libertad bajo fianza, donde alegaba que ahora existen circunstancias extraordinarias: la pandemia global del COVID-19.
Alejandro Toledo está recluido en Estados Unidos por mandato de extradición desde el 16 de julio del 2019. Primero estuvo en la cárcel de Santa Rita y luego, para aliviar sus condiciones carcelarias, fue trasladado a la prisión de Maguire, en el condado de San Mateo (California).
El otrora líder de Perú Posible también tiene pendiente una apelación al Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, en la que busca que se revierta la última de estas decisiones.
El expresidente es investigado por el equipo especial Lava Jato por los presuntos sobornos que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la concesión de la carretera Interoceánica.
