El partido Alianza para el Progreso (APP) nuevamente se encuentra en la mira y esta vez por una presunta “cuota” al elegir al nuevo gerente de Relaciones Institucionales de la Contraloría General de la República. Este suceso no llamaría la atención si es que este órgano de control no estaría investigando al líder de dicha agrupación, César Acuña, y a la presidenta Dina Boluarte.
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De acuerdo con Cuarto Poder, Florez Salinas sería muy cercano al nuevo jefe de la Contraloría, pues se le puede observar en la foto protocolar cuando César Aguilar Surichaqui juramentó al cargo. Es más, lo habría acompañado a la Subcomisión del Congreso que evaluó su candidatura, aún cuando no había sido elegido oficialmente para ser el reemplazo de Nelson Shack.
Al respecto, Acuña dijo tener algunas referencias de Florez Salinas; sin embargo, negó conocerlo personalmente y dijo que recién supo de las denuncias en su contra por violencia familiar a través de la prensa.
“No conozco al señor, recién me acabo de enterar de las acusaciones. Lo bueno para mí es que todos mis actos son públicos y hasta ahora hago todo lo posible para no defraudar a la gente”, indicó en diálogo con la prensa.
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Critica que se le prohíba a los militantes de APP trabajar en el Estado
Cabe precisar que el actual funcionario de la Contraloría ha sido docente de la escuela de postgrado de la Universidad César Vallejo y laboró como asesor de la excongresista de APP, Gloria Montenegro.
Según reportó el dominical, Florez Salinas tiene al menos cuatro denuncias por violencia familiar. Una de ellas data del 14 de diciembre del 2013, sobre presuntos maltratos psicológicos y chantajes.
“Recuerden que siempre hay comentarios, pero yo no he tenido la oportunidad de conversar con él. Sé que es un profesor universitario que ha brindado su servicio a muchas universidades y sin en algún momento trabajó en tal o cual universidad, yo no tengo conocimiento”, indicó el también gobernador regional de La Libertad al ser consultado por los antecedentes del exmilitante de APP.
Finalmente, Acuña cuestionó el hecho de que a un militante de APP se le prohíba e impida trabajar en el Estado por el solo hecho de pertenecer a un partido político.
“Que ahora hayan hecho una investigación y en algún momento haya sido militante o afiliado a APP, recuerden que tenemos más de 400,000 militantes. Imagínense que serían 400,000 peruanos que no podrían hacer un trabajo público”, criticó.
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