:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/OBWSLY22RNGUPNH65TRGWNCADA.jpg)
Únete al canal de Gestión
El Pleno del Congreso de la República aprobó este sábado por insistencia, y por mayoría (105 votos a favor, dos votos en contra y cero abstenciones), la autógrafa de ley que autoriza, excepcionalmente y por única vez, en el marco de la emergencia sanitaria, el cambio de contrato CAS-COVID a contrato CAS regular al personal asistencial en el sector Salud.
La norma había sido aprobada durante la sesión plenaria del 30 de junio último, y su autógrafa fue observada por el presidente de la República el 27 de julio. La insistencia fue exonerada de dictamen de la Comisión de Presupuesto.
El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto durante el periodo anual de sesiones 2021-2022, Wilson Quispe Mamani (PL), expuso que en el contexto de la emergencia sanitaria se efectuaron diversas medidas de contingencia para enfrentarla y se requiere continuar con algunas medidas extraordinarias en materia de recursos humanos en el sector.
Por ello, continuó, es necesario asegurar la provisión de la prestación de servicios del personal contratado bajo el Decreto Legislativo 1057 que, sin embargo, el 27 de julio del presente año el presidente de la República observó la norma por la “afectación al principio de coherencia normativa” y, ente otros supuestos, la presunta vulneración de “los principios constitucionales presupuestarios”.
Agregó que “sería injusto e innecesario sacarlos del servicio público para que concursen con otros que tal vez no ayudaron a superar la pandemia, sobre todo cuando ya tienen más de dos años desempeñando dicha función y existe, a la vez, la necesidad de (contar con) profesionales (como ellos)”.
El alcance de la norma comprende a los trabajadores asistenciales y administrativos contratados bajo la modalidad CAS – COVID en el Ministerio de Salud, gobiernos regionales, sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y en el Seguro Social de Salud.
La sesión plenaria de hoy fue convocada de manera extraordinaria, a pedido de un grupo de congresistas de diversas bancadas, con el fin de revisar este tema.
Observaciones del Ejecutivo
Tras su aprobación en el pleno del Congreso, el pasado 30 de junio, la autógrafa de ley fue observada por el Ejecutivo. Este objetó que se mencione en la autógrafa que los trabajadores de ese régimen perciben similar remuneración que los del régimen CAS, puesto que no se ha establecido una escala remunerativa oficial. Además no se ha consignado un análisis de costo ni una evaluación presupuestal de lo que se tendría que desembolsar para aplicar la propuesta.
El Ejecutivo considera también que en el texto se vulnera el principio de mérito y el derecho a acceder a la función pública en condiciones de igualdad, ya que, de darse la modificación de contratos planteada, se ocuparían plazas permanentes en el sector salud a las que debe accederse por concurso público de méritos, afectando a quienes aspiran a participar de ese proceso.
En otra de sus observaciones, el gobierno central señala que la autógrafa de ley no cuenta con adecuado sustento y justificación ni se ha efectuado una evaluación del número de plazas que comprenderá la ejecución de la norma planteada.
