El Poder Judicial (PJ) rechazó la demanda de amparo que presentó la presidenta Dina Boluarte para anular la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación ante el Congreso de la República tras ser señalada como presunta autora de comisión por omisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
El juez constitucional Jonathan Valencia López también declaró infundado el extremo de dicha demanda en el que la presidenta solicitaba que se archive tanto la investigación por la muerte de cinco personas y las lesiones de una sexta—que es la base de esta denuncia constitucional—, así como la investigación fiscal por el presunto delito de genocidio.
La presidenta Dina Boluarte pidió que se declaren nulos y sin efectos legales estos actos realizados por la Fiscalía de la Nación al considerar que los mismos han vulnerado sus derechos constitucionales a la debida motivación de las resoluciones fiscales y se haya desnaturalizado la prerrogativa constitucional de la inmunidad presidencial.
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¿Por qué la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte?
A inicios de febrero, el PJ admitió a trámite una acción de amparo que presentó la presidenta Dina Boluarte con la finalidad de anular la denuncia constitucional que presentó, a fines de noviembre pasado, la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su contra a raíz de las muertes registradas en las protestas que estallaron a principios del año pasado.
En la denuncia constitucional se advierte que la presidenta “habría omitido dolosamente adoptar medidas que garanticen el respeto irrestricto de la vida e integridad física de los ciudadanos”, así como evitó usar el uso desproporcionado y letal de la fuerza por parte del personal policial y militar que estuvo a cargo del control de las protestas.
Ante esto, la Fiscalía determinó que Boluarte habría incurrido en graves violaciones a los derechos humanos en agravio de Christopher Ramos, José Luis Aguilar, Rosalino Florez, Sonia Aguilar y Víctor Santisteban, así como le atribuyen el delito contra la vida, el cuerpo y la salud (lesiones graves) en agravio de Renato Murillo.
El expremier Alberto Otárola y los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, también fueron comprendidos en la denuncia constitucional.
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