Las micro y pequeñas empresas (Mypes) de los sectores textil y confecciones, cuero y calzado y metal mecánica realizarán, este lunes 3 de julio, un plantón en el frontis del Ministerio de la Producción, exigiendo al Ejecutivo la implementación de medidas que permitan su reactivación económica y productiva en el corto plazo.
Los líderes de los gremios mype explicaron que, desde hace dos meses, el propio titular del Produce, Raúl Pérez Reyes, se comprometió que al 30 de junio del 2023 se implementarían medidas como la puesta en marcha de los núcleos ejecutores de Compras MyPerú del Mininter y el presupuesto para el núcleo ejecutor del Mindef, pero no se ha cumplido con ello.
Del mismo modo indicaron que tampoco están llegando a las Mypes la colocación de créditos del programa Impulso Myperú y no se ha publicado el decreto supremo que modifica la norma sobre exigir el 50% de encuestas para aplicar salvaguardias, entre otras iniciativas.
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Lo que se requiere, explicaron a través de un comunicado, es determinar las fechas concretas del envío de todos los expedientes técnicos al núcleo ejecutor Mininter respecto a los bienes que fabricaran las Mype, para su ejecución y convocatoria inmediata de proveedores. Además, el Produce tiene pendiente determinar el presupuesto correspondiente al Ministerio de Defensa (Mindef) para compras a las Mypes.
Otro tema que se encuentra en agenda y que el Ejecutivo no ha abordado es la modificación del reglamento de la Ley 31658 para que, no menos del 80% de los créditos del programa Impulso Myperú, sean colocados como créditos nuevos y de esta manera garantizar que se cumpla con la finalidad de la ley con la inclusión financiera, añadieron.
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Asimismo, el Ejecutivo tiene pendiente informar la fecha de publicación del reglamento de la Ley n.º 31578 que garantiza la compra de no menos del 40% de las entidades publica a las mypes manufactureras nacionales tomando en cuenta las opiniones y observaciones remitidas por los gremios, así como también la publicación del decreto supremo que modifica la norma sobre exigir el 50% de encuestas para aplicar salvaguardias.
