Por espacio de 15 días, los ciudadanos podrán emitir sus opiniones sobre el respectivo proyecto de ley que será publicado por la entidad en su portal institucional (www.gob.pe/cultura). Foto: Mincul
Por espacio de 15 días, los ciudadanos podrán emitir sus opiniones sobre el respectivo proyecto de ley que será publicado por la entidad en su portal institucional (www.gob.pe/cultura). Foto: Mincul

El envió al Congreso de la República un proyecto de ley que propone modificar e incorporar ciertos artículos en el Código Penal, que permitan incrementar las penas de prisión por atentar contra el patrimonio cultural.

De esta manera, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, da cumplimiento a lo manifestado en su presentación, el pasado 16 de setiembre, ante la Comisión de Cultura del

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“Necesitamos hacer propuestas que requieren la participación de ustedes congresistas. En el año 1991 fuimos innovadores al incluir la tipificación penal de la protección del patrimonio cultural. Fuimos uno de los primeros países de América en tener un corpus normativo puntual de delitos de patrimonio cultural; sin embargo, esta tipificación requiere una urgente modificación”, anunció al grupo de trabajo del

Dicha propuesta legislativa plantea que quienes atenten o induzcan a la comisión de delitos contra los bienes culturales –artículos 226 y 227 respectivamente del Código Penal-, serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años.

Y para los funcionarios públicos que omitan el cumplimiento de sus deberes frente a los delitos contra nuestro legado cultural, o faciliten o intervengan en su comisión -artículo 229-, proyecta pena de prisión no menor de cinco ni mayor de diez años.

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En todos estos casos, se establece un incremento significativo de las penas, respecto a los artículos vigentes.

Por otro lado, propone la inclusión de un supuesto agravante del delito de receptación, con la mencionada sanción para el caso de bienes culturales muebles del patrimonio cultural, con penas de prisión de cuatro a seis años.

Esta iniciativa obedece a una reevaluación de los impactos que acarrean los delitos contra nuestra valiosa herencia arqueológica e histórica, que en muchos casos pueden resultar irreversibles por su alto grado, en el daño a la integridad de bienes cuyo significado y valor es fundamental en la construcción de nuestra identidad cultural, histórica y social.

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