Líderes indígenas de Loreto llegan a Lima para exigir consulta previa

Representantes de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) llegaron a Lima para exigir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que inicie la consulta previa por la construcción del segundo tramo de la carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho, en Loreto.

Este proyecto vial, que consta de cuatro tramos, registró una serie de conflictos sociales relacionados a actividades ilícitas y daños ambientales, principalmente, con foco en la comunidad Centro Arenal, del pueblo Huitoto Murui Buee durante las obras de construcción del primer tramo.

Los líderes indígenas manifestaron que las preocupaciones sobre esta ruta abarcan también lo ambiental, ya que el 60% del trazo proyectado de este proyecto vial de más de 180 km (correspondientes al tramo IV) se superpone a áreas protegidas como el Área de Conservación Regional Maijuna Kichwa y el ACR Ampiyacu Apayacu, incrementando el riesgo de deforestación y degradación de los bosques.

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Además, manifestaron que ante el incremento de economías ilícitas se han identificado zonas cocaleras monitoreadas por Devida en la ribera de los ríos Napo, Amazonas y Putumayo, donde las comunidades indígenas han denunciado amenazas de grupos armados colombianos dedicados al tráfico de drogas hacia México y Brasil.

El pasado 11 de julio de 2024, ORPIO presentó una petición formal de consulta previa en representación de los pueblos indígenas afectados por la carretera, pero hasta el momento no han recibido una respuesta, pese a que ya venció el plazo reglamentario.

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“El MTC debe responder a nuestro pedido y asegurar que todos los pueblos indígenas y sus comunidades que habitan el área de influencia del tramo 2 de la carretera participen en la consulta previa del proyecto. Queremos más oportunidades, pero no más invasiones, deforestación y amenazas”, señaló José Murayari, vicepresidente de ORPIO.

“Además, recordemos que en cumplimiento de la sentencia N° 29126-2018-Lima, es una obligación del sector consultar a los pueblos indígenas medidas vinculadas a servicios públicos, como son las carreteras”, dijo Diego Saavedra, Líder de Proyectos en Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).