Los traductores e intérpretes de lenguas originarias del Poder Judicial intervinieron en más de 6,800 audiencias en los diversos niveles del sistema de justicia, fortaleciendo así el acceso a la justicia de las comunidades nativas, campesinas, rondas y otras.
La información fue proporcionada por el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores (Renit) de la Oficina Nacional de la Justicia de Paz y Justicia Indígena (Onajup) del Poder Judicial, cuyo responsable es el integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el juez superior Johnny Cáceres Valencia.
Los profesionales de 22 lenguas originarias son las más requeridas por las juezas y jueces para intervenir en los actos procesales, predominando los de idioma quechua, aimara y shipibo.
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Las cortes que más requieren la participación de los mencionados profesionales son las de la cuenca amazónica: Ucayali, Loreto y San Martín; región norte (Cajamarca y La Libertad) y el sur del país.
CASOS EMBLEMÁTICOS
La Corte Superior Nacional, que juzga casos emblemáticos, es la que más ha requerido a estos profesionales como en los procesos por los casos Pativilca, Esterilizaciones Forzadas, Manta y Vilca.
También en los procesos por delitos de trata de personas donde están involucradas niñas, así como niños, adolescentes de las comunidades nativas de la cuenca amazónica; tala y minería ilegal, entre otros.
Cáceres Valencia explicó que el Renit nació ante el requerimiento de las juezas y jueces de contar con personas autorizadas que traduzcan las declaraciones, en audiencia, de un imputado o víctima de las comunidades andinas o nativas.
Señaló que, incluso, la Corte Suprema declaró nulo un proceso judicial en el que no intervino un intérprete ni traductor, porque se transgredieron los derechos de un acusado por violación sexual, cuyo idioma era una lengua originaria.
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PROGRAMA VARIABLE ÉTNICA
El magistrado agregó que la oficina que preside ha creado el programa Variable Étnica, el cual permite que el responsable de la Mesa de Partes de los órganos jurisdiccionales active la alerta al identificar que el imputado o agraviado habla una lengua originaria o que pertenece a un grupo étnico o una comunidad.
“Una vez que el encargado de la Mesa de Partes activa la variable (alerta) este va a seguir el recorrido hasta que el proceso termine; esto puede ser tanto en primera y segunda instancia, e incluso en la Corte Suprema, donde recientemente se ha incorporado”, detalló.
El responsable de la Onajup señaló que, actualmente, cuentan con 40 intérpretes y traductores de diversas lenguas a nivel nacional, y que se encuentra en la fase final un concurso para incluir a más profesionales.
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