Parlamentarios del partido de gobierno Perú Libre han presentado en el Congreso un proyecto de ley para declarar de necesidad pública e interés nacional “la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión, y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional”.
La propuesta considera que los medios de comunicación son “un servicio público de competencia de la Nación”, cuya idoneidad debe ser “protegida y promovida por el Estado”. En casos de emergencia, sostiene, el Estado puede dictar medidas de obligatorio cumplimiento para los operadores, e incluso asumir el control total de determinadas actividades.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) considera que la propuesta amenaza directamente la libertad de expresión. Es inconstitucional, en tanto considera a los medios de comunicación como prestadores de un servicio público más, sujeto a regulación por el Estado. La Constitución brinda garantías para informar libremente, sin censura previa.
En concreto, el proyecto hace a un lado la ley que norma el funcionamiento de los medios que son concesionarios del espectro electromagnético (radios, televisoras), la cual establece sus derechos y obligaciones sin desmedro de su independencia. Hay un peligro expropiatorio implícito, pues le otorga al Ejecutivo una facultad vaga para distribuir de manera “justa y equitativa” el espectro radioeléctrico. También tiene carta abierta para asumir de manera directa la prestación de determinados servicios en “casos de emergencia”.
El IPYS encuentra detrás de la propuesta un propósito controlar contenidos de los medios de comunicación para limitar la crítica y fiscalización. Lo hace en nombre de una mayor pluralidad y diversidad de medios y mensajes informativos. Esto, sin embargo, puede ser alcanzado sin violentar la Constitución ni afectar la libertad de prensa.
El IPYS pide al presidente Pedro Castillo respetar los principios de defensa de la libertad de expresión conforme se comprometió al suscribir la Proclama Ciudadana, el pasado 17 de mayo.
Lo exhorta a suscribir la Declaración de Chapultepec, que sintetiza los estándares democráticos para el funcionamiento de los medios, sobre la base de principios pensados para beneficiar con mejor información a las sociedades. Le solicita, por lo tanto, deslindar con el proyecto de Perú Libre, y gobernar con la mayor transparencia, enfrentando a las críticas y corrientes opositoras como corresponde a un mandatario democrático.