Cuestionan que solo se considere a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva como organización criminal. (FOTO: GEC)
Cuestionan que solo se considere a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva como organización criminal. (FOTO: GEC)

El proyecto de ley que propone modificaciones en artículos del ha generado el rechazo por parte de gremios empresariales y sindicatos de trabajadores. A través de un comunicado, manifestaron que estos cambios ponen en riesgo la seguridad ciudadana en el país.

“Es grave que se señale como requisito que las organizaciones criminales controlen la cadena de valor de un mercado o economía ilegal, con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto, que tienen en zozobra a la población”, se lee en el documento.

Uno de los principales cuestionamientos, es que solo se considere a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva como organización criminal, y ya no a las organizaciones involucradas en actos de corrupción.

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Asimismo, expresaron su disconformidad con los cambios en los operativos deen el marco de investigaciones fiscales. “Estamos en total desacuerdo con que los allanamientos deban darse con la presencia del investigado y su abogado, lo que implica perder el factor sorpresa de estas intervenciones e incluso facilitaría el eventual ocultamiento de pruebas de los casos”, manifestaron.

En ese sentido, los gremios empresariales y sindicatos hicieron un llamado al a tomar en cuenta sus observaciones para la segunda votación del proyecto de ley.

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“Esperamos que el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial sienten su posición frente a las citadas modificaciones que, de prosperar, harán que los peruanos estemos más expuestos ante extorsionadores, asaltantes y secuestradores. No podemos retroceder en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”, finaliza el documento.

El Proyecto de Ley N.° 5981/2023/CR, que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado, aprobado en primera votación, excluye 59 tipos penales de los 91 originalmente incluidos.

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