Gobierno se compromete a dar soluciones “concretas e inmediatas” a caso Las Bambas

¿Cuál es el papel que jugará la comisión del Ejecutivo? De acuerdo a la resolución Ministerial número 170 - 2022- PCM, emitida el 4 de junio, el grupo de trabajo deberá dar soluciones inmediatas en el caso Las Bambas. “(Tendrá) identificar y plantear propuestas de solución concretas e inmediatas a la problemática en las comunidades campesinas de Fuerabamba, Huancuire, Choaquere, Chila, Pumamarca y Chuicuni”, refiere el documento.

Además, tendrá que articular con las entidades cada una de las propuestas de solución que se hayan identificado para resolver la problemática en las comunidades campesinas antes mencionadas.

Contra el tiempo

En el documento también se da cuenta de que el grupo de trabajo se instaló el mismo día de la emisión de la resolución, además tiene un período de vigencia de 5 días hábiles contados a partir de dicha emisión, esta fue dada el último 7 de junio.

“Vencido el periodo de vigencia del grupo de trabajo, la presidencia dispondrá de 10 días calendario adicionales para presentar un informe final ante la Presidencia del Consejo de ministros”, añade la resolución.

Previos

La mañana de ayer representantes de los ministerios de Energía y Minas y, de Justicia, que llegaron a Apurímac, se reunieron con los dirigentes de cada una de las seis comunidades, parte del conflicto, para escuchar sus demandas. Así lo informó a Gestión el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas. “Solamente ha venido la comisión de avanzada, la cual está yendo a escuchar los petitorios a cada comunidad; todavía no están los ministros. Los representantes de la Iglesia y la Defensoría todavía estarían en camino”, agregó Vargas.

Según informó Chero a la prensa, los ministros viajarían horas después, tras participar de la ceremonia por el Día de la Bandera.

Vargas señaló que, a través de un documento, se les notificó formalmente de una reunión para el jueves (mañana) a las 10 de la mañana, en la cual esperaban la presencia de los ministros integrantes del grupo de trabajo designado por el Ejecutivo para dar solución a este problema con la minera. Al respecto, manifestó su disposición al diálogo, tras indicar que se reuniría con los presidentes de las comunidades.

Minera

La minera Las Bambas saludó la voluntad del Gobierno por restablecer el diálogo entre las comunidades y la empresa. “La empresa confía en que a través del diálogo se puedan restablecer las condiciones para reiniciar en el más breve plazo posible las operaciones y evitar así mayores pérdidas para el Perú”, señaló la minera a través de un comunicado.

Añadió que ya son 55 días (hasta ayer) de paralización forzada de la producción de Las Bambas por la invasión ilegal de sus terrenos. “La situación es extrema e insostenible”, apuntaron.

Desalojo

El jefe de la región Policial de Apurímac, Roger Pérez Figueroa, indicó que su institución trabaja para determinar el momento de imponer el principio de autoridad en parte del territorio de la empresa minera Las Bambas, ocupado por comuneros de la provincia de Cotabambas en la región Apurímac.

“Estamos trabajando ahora para decidir cuál es la fecha más adecuada. Primero tenemos que ir a conversar en una comisión, pero si hay intransigencia vamos a tener que usar la fuerza para desalojarlos”, dijo en RPP.

Al respecto, el ministro de Justicia manifestó que aún no existe una orden de desalojo por parte del Gobierno, pues esta debe ser aprobada en Consejo de Ministros.

De otro lado, el oficial informó que han detectado a personas que actúan como asesores de las comunidades y las azuzan a tomar acciones de fuerza contra las mineras para reclamar beneficios económicos a cambio de pagos de comisiones. “El fiscal de Challhuahuacho ya tiene conocimiento para proceder en su momento a su detención”, anotó.

Cifras & datos

• Consecuencias. El Perú acumula pérdidas por más de US$ 500 millones en exportaciones y S/ 286 millones por Impuesto a la Renta y Regalías Contractuales.
• Apurímac. La región ha perdido S/ 176 millones, equivalentes a más del 80% de su presupuesto anual de protección social.
• Trabajo. Se han perdido 75,000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos y 1,400 micro, pequeñas y medianas empresas.