El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia en diversos distritos de provincias de Cusco y Puno, por razones vinculadas a la seguridad ciudadana y a la contaminación hídrica, respectivamente.
Estas medidas constan en dos decretos supremos publicados hoy en la separata de normas legales del Diario El Peruano.
Así, mediante el decreto supremo 115-2024, se declaró estado de emergencia por 60 días en los distritos de Manitea y Kimbiri de la provincia de La Convención, del departamento del Cusco, que forman parte del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
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Estas jurisdicciones presentan “alta incidencia en la comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas, en sus diversas modalidades, tráfico de armas, entre otros delitos conexos, perpetrados por organizaciones criminales que afectan el orden interno”, se indica.
Esta información deriva de lo señalado desde la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, en base a informes de carácter reservado de la Unidad de Planeamiento y Educación de su Dirección Nacional de Orden y Seguridad, y del Frente Policial VRAEM.
La declaratoria del estado de emergencia en estos distritos implica que la Policía Nacional del Perú mantenga el control del orden interno, “con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas”, según lo establecido en el decreto supremo mencionado.
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Contaminación hídrica
Asimismo, en el decreto supremo 114-2024-PCM se declara en emergencia a los distritos de Ayaviri, Cupi, Llali y Umachiri, de la provincia de Melgar, en el distrito de Ocuviri en la provincia de Lampa, del departamento de Puno.
La medida se prolongará durante 60 días y responde al “peligro inminente” de contaminación hídrica. Se argumenta que existe al respecto “muy alto riesgo” y que se requiere ejecutar “medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias” para reducir este.
El estado de emergencia se sustenta también en un informe técnico elaborado en el Instituto Nacional de Defensa Civil, que establece la gran magnitud de esta situación, señalando que, por ella, se requiere de medidas urgentes por parte de las autoridades regionales y locales, así como del gobierno central.
Se indica también que “la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Puno ha sido sobrepasada; por lo que resulta necesaria la intervención técnica y operativa de las entidades del Gobierno Nacional”.
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