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El último sábado el gobernador regional de San Martín, Walter Grundel Jiménez, sufrió un ataque dentro de su vehículo cuando retornaba a su vivienda. El ataque armado se produjo en la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el distrito de Pucacaca, con dirección a la ciudad de Tarapoto.
El vehículo fue impactado por perdigones de escopeta de caza, en donde el suboficial PNP Jhonatan Ramírez Sangama resultó herido. Las autoridades de la Policía Nacional del Perú están realizando investigaciones y diligencias pertinentes con el objetivo de encontrar a los responsables del atentado.
El encargado de la seguridad del gobernador regional fue trasladado al Hospital Minsa II Tarapoto, donde se viene recuperando.
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De acuerdo con la información proporcionada por la policía, este ataque estaría relacionado con un incidente ocurrido horas antes en el fundo de Walter Grundel, situado en el valle Oeste.
Y es que la autoridad regional increpó a un sujeto que había ingresado de manera irregular a los linderos de su predio, recibiendo como respuesta insultos y amenazas. Asimismo, manifestó que se han brindado las garantías de seguridad al gobernador regional de San Martín mientras continúan las pesquisas.
ANGR se pronuncia ante este atentado
Tanto la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) como la Mancomunidad de la macrorregión Nor Oriente del Perú condenaron el ataque e instan a las autoridades pertinentes a llevar a cabo una investigación exhaustiva que permita identificar y capturar a los responsables de este incidente.
“Hacemos un llamado urgente al Ministerio del Interior para que se realice una exhaustiva investigación que permite identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales de este lamentable suceso. Asimismo, instamos a que apliquen las máximas sanciones previstas por la ley, reflejando la gravedad del delito cometido”, se lee en el comunicado.
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“Exhortamos al legislativo para que en el ámbito de su competencia se hagan las modificaciones al código penal para que las acciones judiciales sean más ejecutadas a la brevedad y que no exista ningún obstáculo legal que permita implantar la justicia. Pedimos a la presidenta de la República, Dina Boluarte, adoptar las medidas necesarias y urgentes para que juntos luchemos contra la inseguridad que vive nuestro país”, agregaron.
