Delia Espinoza, fiscal de la Nación, cuestionó la demora del Poder Ejecutivo en promulgar la ley que permite restablecer la detención preliminar en situaciones de no flagrancia, señalando que esta lentitud perjudica el trabajo de los fiscales y favorece la impunidad.
Como se recuerda, hasta el momento se cumplen 21 días desde que el Congreso envió al Ejecutivo la autógrafa que corrige y restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia, modificando así la controvertida Ley 32181.
“En ese contexto nos preocupa, en ese escenario, nos preguntamos por qué el Poder Ejecutivo no actúa con la misma celeridad con la que aprobó el texto antes mencionado para la Ley 32181. Es una pregunta que esperamos, se responda pronto, pero el Ministerio Público no puede ver afectada la persecución eficiente del delito si esta ley continúa vigente”, enfatizó durante una ceremonia para dar inicio al año fiscal 2025.
LEA TAMBIÉN: Dina Boluarte y Delia Espinoza en Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia
La fiscal de la Nación también destacó que no se deben ignorar otras normas que afectan la labor del Ministerio Público, como la Ley 31751. Según señaló, esta ley, al modificar la suspensión del plazo de prescripción, reduce de manera “peligrosa” los tiempos procesales, lo que beneficia a la criminalidad y dificulta la persecución de “delitos de altísima gravedad”.
Además, calificó como una evidente campaña masiva dirigida a promulgar leyes que considera “arbitrarias e inconstitucionales”. Según indicó, estas normas atentan contra las competencias del Ministerio Público y afectan negativamente la eficacia de las diligencias realizadas por los fiscales.
Fiscal de la Nación presentó demandas de inconstitucionalidad
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó en el mes de diciembre dos demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).
Espinoza interpuso acciones legales contra el Congreso por la aprobación de dos normativas: una que faculta a la Policía Nacional del Perú (PNP) a realizar investigaciones preliminares, y otra que regula los delitos de lesa humanidad.
De acuerdo con la titular del Ministerio Público, ambas leyes, promovidas por el Parlamento, “vulneran gravemente la autonomía” e “interfieren con la independencia” de la Fiscalía.
“Las leyes en cuestión son la N.º 32107, que define los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra, y la N.º 32130, que busca fortalecer la capacidad investigadora de la Policía Nacional y agilizar los procesos penales”, informó el Ministerio Público a través de la plataforma X.
Cambios en el sistema de justicia del Perú
Mediante una resolución publicada este sábado en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, la fiscal de la Nación, Delia Muñoz, decidió finalizar la designación de Rafael Vela Barba como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos.
LEA TAMBIÉN: Espinoza asegura que sí es competente para investigar a Boluarte por cirugía estética
“Dar por concluida la designación del abogado Rafael Ernesto Vela Barba, fiscal superior titular especializado en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio (sede Lima), designado en el despacho de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, a partir de la fecha de notificación de la presente resolución”, señala el artículo.