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El Ministerio Público investiga al menos 12 casos de deforestación por monocultivos que son emblemáticos por las extensiones de bosque talado. Entre ellas destaca el caso Tamshiyacu, que involucra la irregular pérdida de vegetación en cerca de 2,000 hectáreas.
Según documentos a los que ha accedido gestion.pe, los investigados tienen un modus operandi en común. Se trata de adquirir hectáreas de terreno en la Amazonía a bajo precio y eliminar los árboles para establecer allí sus sembríos, por lo general de cacao o palma aceitera, sin antes haber obtenido una autorización para ello. Estos hechos se registran sobre todo en los departamentos de Ucayali y Loreto.
El precio de los terrenos es bajo debido a que no son apropiados por la agricultura, pues se trata de bosques húmedos tropicales. Al ser consultado sobre estas prácticas, semanas atrás el procurador del Ministerio del Ambiente (Minam), Julio Guzmán Mendoza, dijo a gestion.pe que las empresas involucradas en delitos forestales usualmente les compran los terrenos por un bajo precio a las comunidades que los empleaban para agricultura familiar.
“Hay una gran diferencia entre lo que la ley permite a un agricultor familiar, que deforesta por año unos 250 o 300 metros de 5,000 hectáreas, que es algo mínimo; y lo que hace una empresa al eliminar el bosque para sembrar cientos de hectáreas. Se ha descubierto esta modalidad en la Amazonía y varias empresas han estado vinculadas”, sostuvo.
Los 12 casos
1. Uno de los más representativos es el caso Tamshiyacu, sobre el cual la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Iquitos lleva adelante un proceso penal por deforestación. En el 2013, fueron deforestadas en Loreto unas 1,900 hectáreas de territorio que incluía bosques, donde operaba la empresa Cacao del Perú Norte (ahora Tamshi SAC). La FEMA imputó a los empresarios el haber eliminado los árboles con una motosierra, sin contar con autorización. Por esta razón, son investigados tres directivos de la empresa y esta misma, en calidad de tercero civil responsable.
2. Como parte del caso Tamshiyacu II, relacionado con el primero, se le imputa al empresario checo-estadounidense Dennis Nicholas Melka el delito contra los bosques. Según la Fiscalía, él gestionó a través de la Empresa Cacao del Perú del Norte SAC la compraventa de terrenos y solicitó adjudicaciones de tierras para luego ordenar la tala rasa de los bosques primarios hallados allí, con el fin de usar el suelo para el cultivo de cacao. En este proceso se investiga a nueve directivos, además de Melka, y a Tamshi SAC como tercero civil responsable.
3. En el caso Tamshi III, se investiga al ex gobernador regional de Loreto Fernando Meléndez Celis y a Juan Carlos Vilca Tello, exgerente de la Autoridad Regional Ambiental de Loreto, por el delito de otorgamiento ilegal de derechos. La Fiscalía sostiene que un informe de la OEFA releva cómo el gobierno regional omitió iniciar un procedimiento sancionador contra Cacao del Perú Norte SAC y le permitió operar pese a exigir una orden de paralización de actividades emitida por una dirección del Minagri.
4. La investigación Tamshiyacu IV involucra a Melka y otros ocho directivos y exdirectivos de la citada compañía por el presunto delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables. La Fiscalía aduce que esta taló 359 hectáreas adicionales de bosque entre 2014 y 2017, sin contar con la autorización para el cambio de uso del suelo.
5. En el marco del caso Plantaciones Ucayali se investiga a Melka y otras tres personas por la deforestación de 1,000 hectáreas ocurrida en el 2013. De acuerdo con las pesquisas, 30 trabajadores de la empresa de dicho nombre ingresaron a propiedad privada y estatal con hachas, machetes y motosierras para talar los árboles.
6. Caso Plantaciones Pucallpa: la Fiscalía investiga el desbosque en el territorio de la Comunidad Indígena Santa Clara de Uchunya (Ucayali) presuntamente cometido por la empresa que da nombre el caso, en el 2015. Los testimonios de los pobladores revelan que personal de la empresa ingresó a su territorio con maquinaria pesada para eliminar los árboles y luego alegar que “el área no era bosque”, lo que facilitaba su objetivo de destinarla a otros usos.
7. Caso Palmas: se investiga a 10 funcionarios y/o exfuncionarios del Ministerio de Agricultura (Minagri) por presuntamente haber omitido sus funciones de fiscalización ambiental a las operaciones agrícolas de las empresas Cacao del Perú Norte SAC y Plantaciones de Ucayali SAC. “Existe una sospecha inicial de la presunta comisión del delito de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos”, según la Fiscalía.
8. Caso Maniti: la Fiscalía investiga al ex presidente regional de Loreto Iván Vásquez Valera tras la publicación en un medio local de Loreto, en el 2012, de que el gobierno regional “estaría evaluando los Estudios Técnicos de 12 proyectos” para implementar monocultivos de palma aceitera. Lo irregular de este hecho se encuentra en que algunos de los proyectos se ubican en zonas de amortiguamiento de reservas, que abarcaban unas 46,000 hectáreas de bosques.
9. Caso Palmas de Huallaga: el Ministerio Público atribuye a Felipe Rafael Rivas Romero, representante legal de la empresa Palmas de Huallaga SAC, haber talado 2,118 ha de bosque primario entre 2017 y 2019, que incluían el 30% de bosque que se debe conservar de acuerdo con las normas ambientales.
10. Caso Palmas del Shanusi I: esta investigación es seguida contra el gerente general de Palmas de Shanusi S.A. (empresa que forma parte del Grupo Romero), Ronald Campbell García, y otras 58 personas que presuntamente talaron el bosque ubicado en sus terrenos para poder venderlos a la compañía, lo que dejó deforestadas entre 600 y 800 ha. en el 2011.
11. Caso Palmas del Shanusi II: se investiga a tres directivos de la empresa por supuestamente haber ordenado la tala y destrucción de 500 hectáreas del bosque primario entre octubre y noviembre del 2012, sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión.
12. Caso Palmas del Shanusi III: Esta investigación contra directivos de la empresa Palmas del Shanusi se centra en la presunta tala ilegal del bosque en unas 500 ha ubicadas en en la zona del Valle del Shanusi, Yurimaguas, ocurrida en el 2012.
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