En el marco de la lucha contra la criminalidad, el Ejecutivo dispuso la creación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
La comisión multisectorial tiene la finalidad de consolidar un espacio de supervisión, articulación política y seguimiento a las intervenciones del Estado orientadas a restablecer la paz social, fortalecer el orden interno y enfrentar el crimen organizado en el país.
El grupo de alto nivel se instalará oficialmente dentro de los diez días hábiles posteriores a la publicación de la norma que oficializa su creación. Dicha instancia asumirá la supervisión de las acciones orientadas al cumplimiento del eje 1 de la Política General de Gobierno 2026-2031, que plantea la reducción de los delitos violentos que vulneran la integridad de la ciudadanía y las actividades económicas.
Entre sus facultades principales se encargará de emitir alertas y recomendaciones a los sectores, plantear al Consejo de Ministros iniciativas normativas y proponer la priorización de recursos presupuestales ante el Ministerio de Economía y Finanzas.
Marco legal de Comisión de Alto Nivel establece que la comisión promoverá mecanismos de intercambio de información estratégica y reservada entre entidades públicas y privadas. (Fotos: Alessandro Currarino/El Comercio).
Asimismo, el marco legal establece que la comisión promoverá mecanismos de intercambio de información estratégica y reservada entre entidades públicas y privadas, y tomará conocimiento de las medidas adoptadas frente a la criminalidad para su debido monitoreo, sin intervenir en la conducción operativa de las fuerzas del orden.
De acuerdo con la norma, el colegiado será presidido por el titular de la PCM y conformado por los ministros del Interior, Defensa, Justicia y Derechos Humanos, y Relaciones Exteriores, cuya participación se ejercerá de manera indelegable y ad honorem.
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Para reforzar el soporte técnico y la articulación estatal podrá convocar a sesiones ampliadas a representantes de los poderes Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, de diversos sectores del Ejecutivo y otros organismos; así como al sector empresarial y la sociedad civil.
Esta medida se oficializa el día de hoy a través del Decreto Supremo 141-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
