La presidenta de Perú, Dina Boluarte, destacó este sábado la promulgación de una norma que pondrá “fin” a la liberación de “delincuentes capturados” por la Policía Nacional, al darle a esta institución la facultad de realizar las diligencias más urgentes en la investigación de los delitos.
La jefa de Estado dijo que, “después de 19 años, la Policía recupera las facultades plenas de investigar los delitos en la etapa preliminar y lo hace sin afectar un ápice las atribuciones del Ministerio Público”, como parte de las medidas aprobadas por el gobierno para combatir la inseguridad ciudadana en el país.
Durante una ceremonia en la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Boluarte agregó que la promulgación del Decreto Legislativo 1605 permite poner “fin a la liberación de delincuentes capturados” y expresó que “a esos criminales que aún andan sueltos por las calles, les decimos que esto se acabó”.
La mandataria declaró haber sido testigo de “la celebración de estos criminales cuando algún juez les dictaba orden de comparecencia y salían en libertad para seguir con sus fechorías”.
“La liberación de estos delincuentes no solo ha significado más zozobra en la población, sino también la muerte de ciudadanos por parte de individuos que antes habían sido capturados por la Policía”, afirmó Boluarte en referencia a casos de presuntos sicarios y asaltantes que han atacado incluso a personal de guardianía municipal y la Policía.
En la misma ceremonia, el ministro del Interior, Víctor Torres, declaró que con la aplicación del nuevo decreto legislativo 1605, que modifica 30 artículos del Nuevo Código Procesal Penal, la Policía Nacional recuperará sus facultades para efectuar actos de investigación que formarán parte de las diligencias preliminares, lo que permitirá optimizar y agilizar la investigación del delito en favor de las víctimas de la delincuencia.
Esta facultad de investigación policial por propia iniciativa se realizará bajo la conducción jurídica del fiscal, permitiendo el trabajo articulado y dinámico entre el fiscal y la Policía, y respetando el ámbito funcional de cada uno de ellos, indicó el Ministerio del Interior en una nota de prensa.
Por su parte, el director nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, general Óscar Arriola, explicó que la norma establece la intervención de las comunicaciones y el levantamiento del secreto bancario en los casos con carácter de emergencia y cuando se amenace inminentemente la vida, la integridad o la libertad personal de la víctima.
Además, el fiscal, por iniciativa propia o a solicitud de la Policía, requerirá la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones al juez penal, dentro de las 24 horas, bajo responsabilidad funcional.
