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El Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte de Puente Piedra-Ventanilla dictó el impedimento de salida del país por 18 meses contra Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena, gerente general de la Refinería La Pampilla, administrada por Repsol Perú, tras el desastroso derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero.
Previamente, la medida coercitiva solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima Noroeste también alcanza a Renzo Alejandro Tejada Mackenzie, jefe del Terminal Marítimo 2 de la Refinería La Pampilla; Gisela Cecilia Posadas Jhong, gerente de Calidad de Medio Ambiente; y José Gregorio Reyes Ruiz, gerente de Producción.
Según el representante de este despacho fiscal, Ariel Tapia Gómez, se encontró presunta responsabilidad penal por el delito de contaminación ambiental contra los representantes legales y funcionarios de la citada empresa, y los que resulten responsables; por afectar el litoral con el derrame de petróleo crudo.
-Tesis fiscal-
La tesis fiscal señala que los funcionarios habrían conocido del derrame, en una cantidad superior a los 6 mil barriles de petróleo crudo, e “incumplieron adecuadamente sus responsabilidades funcionales, ocasionando que el vertimento se desplazara” desde la Refinería La Pampilla de Ventanilla (Callao).
Cabe precisar que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) detectó petróleo desde Ventanilla, Callao, hasta Chancay, en Huaral. Además, la provincia de Huara también habría sido afectada.
Asimismo, la semana pasada, se detectó contaminación en los Islotes de Pescadores y las Zona Reservada de Ancón, donde el petróleo causó muertes incalculables de fauna marina y grave contaminación de mar y litoral.
-Ampliación de investigación-
El Ministerio Público ampliará la investigación por presuntos delitos de responsabilidad funcional, para incluir a funcionarios públicos de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); quienes habrían omitido su labor de fiscalización administrativa.
Estas instituciones del Estado, de acuerdo con disposiciones legales, deben realizar tareas de verificación, fiscalización y control de cumplimiento de los planes de contingencia, ante un derrame de petróleo con afectación al medio ambiente.
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