:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/DDNMYWSEHZEDZOZWXO4RISSMAM.jpg)
El Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur (Calamasur) prevé que más de 1,500 pescadores artesanales y sus familias serían los primeros afectados directamente por el derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla.
El presidente de la organización que reúne a industriales, pescadores artesanales y a representantes de la academia, Alfonso Miranda Eyzaguirre, dijo que hay un daño económico para esas familias que viven día a día de sus actividades de pesca artesanal y que el impacto se verá por varios años.
“Vemos con mucha preocupación lo sucedido, probablemente sea en el ámbito marino, el accidente más grave registrado. Si bien todavía no se puede determinar la magnitud total de su impacto, queda claro que no es un ligero derrame, ni solo un incidente, se trata de un problema serio”, señaló a Andina.
Asimismo, indicó que en este tipo de accidentes el impacto real del derrame recién se podrá conocer en unas semanas. “Solo esperamos que sus efectos no sean permanentes en la forma de subsistencia de los pescadores que están en esos 15 kilómetros de las playas afectadas”, agregó.
Responsabilidad
El presidente de Calamasur aclaró que además de los pescadores artesanales también hay otras actividades económicas afectadas por el derrame de petróleo como el turismo y otras actividades recreativas que son fuentes de empleo.
“Tiene que haber los mecanismos necesarios para garantizar el resarcimiento por el tiempo que dure la inhabilitación de esta zona para la actividad pesquera, acuícolas y recreacionales”, comentó.
Sobre los planes de contingencia que se deben tener para estos casos, dijo que el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, deben explicar en qué consistían los planes de la refinería La Pampilla para haberse aprobado sus operaciones.
“Sobre todo considerando que se trata de una actividad de alto riesgo en una zona tan sensible”, mencionó.
En esa línea, resaltó que mientras no se pueda garantizar que una operación no va a repetir un daño generado sobre el ecosistema, no debería permitirse el reinicio de sus actividades.
(Fuente: Andina)
