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La oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto expresó su preocupación por una serie de problemas que podrían poner en riesgo el adecuado desarrollo del año escolar 2024 en la región, afectando de esta manera el derecho a la educación de miles de estudiantes. Uno de ellos está referido a que, pese a que el año escolar ya inició, existiría hasta el momento un déficit superior al 36 % de plazas docentes por adjudicar.
En efecto, de un total de 8989 plazas disponibles para el proceso de contratación docente correspondiente a este año, 3330 estarían pendientes de ser adjudicadas. De esta cifra, la mayoría pertenecería a la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Loreto Nauta, por lo que se ha solicitado al Gobierno Regional de Loreto agilizar el proceso de contratación docente.
Así lo dio a conocer Abel Chiroque, jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, quien señaló también que solo el 25 % de los locales de las instituciones educativas públicas de la región se encuentran saneados legalmente, por lo que existe una brecha amplia de planteles cuyos locales no cuentan con título de propiedad, impidiendo de esta manera que reciban inversiones dirigidas a mejorar su infraestructura. La mayoría de ellos se encuentran en comunidades nativas ubicadas en las provincias de Loreto Nauta, Mariscal Ramón Castilla, Datem del Marañón y Alto Amazonas.
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De otro lado, sostuvo que existen escuelas ubicadas en comunidades nativas que no tienen clasificación de educación intercultural bilingüe (EIB), lo que dificulta el dictado de clases en las lenguas más predominantes. Dichos colegios se ubican, en su mayoría, en comunidades nativas situadas en las cuencas de los ríos Chambira, El Tigre y Corrientes. Por ello, se solicitó también dar prioridad a esta problemática para no afectar a miles de estudiantes que requieren docentes que dominen su lengua materna.
Cabe iniciar que estas deficiencias fueron advertidas a través de un oficio dirigido al gobernador regional de Loreto, René Chávez, a quien se recomendó adoptar acciones urgentes para garantizar la disponibilidad de docentes y abordar el déficit de infraestructura escolar en la región.
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“Las autoridades regionales y locales tienen el deber de garantizar que las instituciones educativas cuenten con los recursos necesarios para brindar un servicio de calidad desde el inicio del año escolar”, enfatizó el representante de la Defensoría del Pueblo, quien reiteró el pedido a la autoridad regional de velar por el cumplimiento del derecho a la educación de miles de escolares en Loreto.
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