Defensoría del Pueblo solicita al Congreso archivar autógrafa que fomentaría deforestación en la Amazonía

La Defensoría del Pueblo mostró su rechazo ante el dictamen aprobado por la Comisión Agraria del Congreso de la República que insiste en la autógrafa recaída en tres proyectos de ley, pues según indica se promovería la deforestación en la Amazonía.

Mediante un comunicado, el organismo detalló que se trata de los proyectos de ley N° 649/2021-CR, N° 894/2021-CR y N° 2315/2021-CR, que tiene como objetivo modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Sostuvo que el 94% de bosques en el país están ubicados en la Amazonía y es “fuente de identidad y vida” para alrededor de 370,000 pobladores indígenas que conforman más de 2,700 comunidades.

Explicaron también que más del 80% de deforestación en el país es generada por actividades agropecuarias. Ante ello, solicitan una sanción para aquellos poseedores informales de estos terrenos deforestados y brindar “tierras adecuadas para promover estas actividades”.

“Resulta de máxima importancia de que todos los poderes estatales, entre ellos, el Congreso, disponga medidas para garantizar su conservación”, indicó el organismo.

En relación al dictamen de insistencia y la autógrafa, la Defensoría precisa que agravarían la problemática e incentivarían a la posesión informal de los bosques amazónicos y vulnerarían los derechos de pueblos indígenas.

Añadió que esta medida exoneraría de responsabilidades administrativas, penales y civiles en materia forestal y agraria quienes cuenten con constancias de posesión y títulos de propiedad sobre tierras desforestadas.

En otro punto, destacaron que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) será la entidad pública que “aprobará la zonificación forestal”, que permite la asignación de usos en tierras forestales. Cabe señalar que el Ministerio del Ambiente es el ente rector encargado en material ambiental y ordenamiento territorial ambiental.

“Una eventual promulgación del dictamen de insistencia o de la autógrafa observada contravendrá los mandatos constitucionales del Estado de promover el uso sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica. Además, vulnerará un conjunto de derechos individuales y colectivos”, concluye el comunicado.