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Las empresas peruanas, con más de 50 trabajadores, están obligadas a contratar al menos el 3% de su planilla laboral a personas con discapacidad. Esta cuota busca promover la inclusión e igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.
El abogado laboralista y consultor de Dentons Perú, Jaime Zegarra, explicó que la normativa promueve la inclusión ofreciendo oportunidades equitativas a todos los candidatos, independientemente de su condición, por lo que deben ser tomados en cuenta en los procesos de selección y evaluación de personal, garantizando igualdad de trato.
“Las empresas que cumplen con la cuota de contratación de personas con discapacidad pueden acceder a una serie de beneficios, incluyendo ventajas tributarias y acceso preferencial a créditos y financiamiento especializado”, señaló.
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En esa línea, explicó que entre las ventajas tributarias se incluyen deducciones fiscales y otros beneficios financieros que alivian la carga económica de la empresa. Además, resaltó que el cumplimiento de esta normativa también tiene un impacto positivo en la imagen y reputación de las empresas. “Las compañías que adoptan prácticas inclusivas y demuestran su compromiso con la responsabilidad social corporativa son vistas de manera más favorable por consumidores, inversores y la comunidad en general”, puntualizó.
Supervisión
El especialista indicó que las empresas deben adoptar políticas inclusivas y procesos de selección justos lo que implica la revisión y adaptación de las prácticas de reclutamiento y selección para garantizar que no existan barreras que impidan la participación de personas con discapacidad.
También recordó que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), es la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de esta normativa y de imponer las multas y sanciones a las empresas que no cumplan con la cuota establecida. “La fiscalización es crucial para garantizar que las empresas realmente se comprometan con la inclusión y no solo lo vean como un requisito legal”, enfatizó.
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